El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos pidió la elevación a juicio de una organización acusada de transportar estupefacientes desde el norte de la provincia e introducirlas al mercado ilegal. Se trata de tres personas que habrían actuado desde el Barrio 17 de Octubre de esa ciudad, a quienes se le secuestraron más de 47 kilos de marihuana y “pasta base” de cocaína, y una cuarta a la que se le imputa atentado a la autoridad y amenazas durante una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°2.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la investigación comenzó con una denuncia anónima. La pesquisa incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos, tomas fotográficas y averiguaciones, entre otras medidas. De acuerdo a la acusación, César “Carnicero” Roldán, Diego “Gallo” Bulacio y Débora Colque Claure integraron la banda: las comunicaciones telefónicas del primero daban cuenta que “se encontraba en plena situación de negociación de estupefacientes”, en especial de marihuana, “en importantes cantidades”. Así, en abril de 2015 logró ser observado mientras hacía “un pasamano”, ocasión en la que fue detenido luego de intentar evadir el procedimiento “colisionando a la unidad policial”.

En cuanto a Bulacio, de una conversación surge que sería el encargado de “’resguardar’ la sustancia estupefaciente”. También hay constancias en el expediente de que tanto él como Colque Claure habrían utilizado un vehículo para viajar al norte de la provincia a través de caminos alternativos a buscar “alfa”, en referencia a la marihuana. Esos indicios fueron corroborados con los procedimientos realizados en su domicilios, donde secuestró “droga, dinero y materiales de corte de sustancia”, “lo cual permitió incriminarlos en las maniobras irregulares descriptas”, explicó Toranzos en el requerimiento. Bulacio estaba al tanto de la detención de Roldán, por lo que en otro llamado intentó prevenir a su interlocutor “porque la policía podría estar cerca de su domicilio”.

Por otro lado, a Alejandro Alfredo Bulacio se le imputan los delitos de atentado a la autoridad y amenazas, en concurso real: cuando se estaba realizando unos de los allanamientos “rompió el cordón de seguridad que habían colocado los preventores para resguardar el lugar y la integridad física de terceros. Para ello, empleó su moto-vehículo para ejercer presión e ingresar en forma violenta al domicilio, entorpeciendo la labor policial, intimidando a los efectivos y a los testigos civiles del acto”, reseñó el fiscal federal. “Esta conducta desplegada por el nombrado, de ‘entorpecer o impedir el procedimiento’, se vio agravada con el hecho de que algunos vecinos del lugar o transeúntes que frecuentaban la zona, realizaron actos hostiles con la única intención de impedir que los efectivos cumplan sus  funciones”, añadió Toranzos.

De esa forma, la Fiscalía Federal N°1 consideró que “los elementos colectados forman convicción suficientes para sostener que los imputados resultan autores responsables de los hechos”, lo que se encuentra respaldado “por la trayectoria delictiva que emprendieron los encausados para trasladar la droga y el destino que le dieron; el número de personas intervinientes; la cantidad de droga secuestrada y los diálogos que los relacionaron”.