27 de mayo de 2022
27 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la fiscal general Gabriela Baigún y de las auxiliares fiscales Jesica Racki y Claudia Rebour
La fiscalía solicitó penas de prisión, multas y el decomiso de bienes en el tramo por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos del juicio a Ricardo Jaime
Las multas solicitadas van desde los 125 mil pesos hasta los 2,5 millones de pesos. También pidió penas de hasta tres años de prisión para nueve acusados de ser partícipes necesarios del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público o personas interpuestas para disimular el mismo delito.

La titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Gabriela Baigún, y las auxiliares fiscales Jesica Racki y Claudia Rebour -con la colaboración del jefe de despacho de la misma dependencia Francisco Lorea Bonete- solicitaron ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 que sean decomisados los bienes que han sido objeto, producto, producto indirecto y/o provecho de los delitos investigados en el juicio seguido al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y a otras personas por hechos de corrupción y por enriquecimiento ilícito, que habrían sido cometidos entre 2003 y 2009.

Las representantes del MPF requirieron además la imposición de penas de hasta tres años de prisión para nueve acusados y de inhabilitación perpetua para otro. En la audiencia de ayer, la fiscalía expuso sobre las acusaciones relativas al tramo de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. La solicitud de pena por esos delitos para Ricardo Jaime se conocerá en próximas audiencias, una vez evaluada su responsabilidad en otras de las causas que llegaron de forma conjunta a juicio oral.

Las personas acusadas deberán responder por ser consideradas, según cada caso, partícipes necesarias del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público o personas interpuesta para disimular el mismo delito. En este marco, la fiscalía solicitó que se condene a tres años de prisión a los acusados Carlos Lluch, Lisandro López, Alfredo Pielach y Silvia Reyss. Requirió la imposición de dos años y ocho meses de prisión para Lorena Jayo y Julian Vázquez. También solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión para Agostina Jayo; dos años y cuatro meses para Julieta Jaime y dos años para Graciela Vigna.

La solicitud de pena para Ricardo Jaime se conocerá en próximas audiencias, una vez evaluada su responsabilidad en otras de las causas que llegaron de forma conjunta a juicio oral.

La solicitud de penas para Manuel Vázquez, también juzgado por su responsabilidad en otras causas que se abordan en el mismo juicio, se conocerá en la próxima exposición por otros tramos que viene realizando la fiscalía.

El MPF también pidió multas económicas para las personas acusadas que van desde los 125 mil pesos hasta los 2,5 millones de pesos. Por otro lado, requirió que se impongan tres años de inhabilitación especial al ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Claudio Uberti, por resultar autor del delito de malversación de caudales públicos.

En la cuarta jornada de su alegato, la fiscalía detalló ayer las distintas adquisiciones que fueron efectuadas por Ricardo Jaime por intermedio de su pareja Silvia Reyss y sus hijas Lorena y Agostina Jayo. En este marco, la fiscalía dio por acreditado que Jaime adquirió, entre el 22 de abril del 2005 y el 24 de septiembre del 2009, por intermedio de Reyss los siguientes bienes detallados: un automóvil Peugeot 307 en  $64.990, un yate motor de nombre Cohiba comprado en $180.ooo pesos, un inmueble en el Country Cuatro Hojas en la provincia de Córdoba en $341.990, un automóvil marca Peugeot 307 comprado en $139.500,00, un inmueble en Florianópolis, Brasil, comprado en R$278.760 (equivalente a $639.648,80) y la suma de $47.979 abonada en el año 2009, a fin de adquirir el vehículo marca Honda, modelo Fit EXL. Este automóvil fue adquirido el 24 de septiembre de 2009, por un valor de $83.658, pero en este caso fue imputado por el pago inicial y tres cuotas de la compra del vehiculo.

“En cuanto a Peugeot 307 ha quedado debidamente acreditado durante el debate, que ella [Reyss] no contaba con los fondos necesarios para efectuar esa compra. A esta circunstancia debe añadirse que no se ha comprobado que ella lo usara”, señaló la fiscalía. Por el contrario, explicó que a partir de un testimonio se tomó “conocimiento de que el vehículo era utilizado en realidad por Jimena Jaime, es decir una de las hijas de Ricardo con quien Silvia Reyss no tenía ningún tipo de relación”.

“Todo esto acredita que, a pesar de que el automóvil estuviera registrado bajo el nombre de Silvia Reyss, quien tenía la disposición del mismo era Ricardo Jaime. Lo que demuestra también que el nombrado afrontó el pago para su compra originariamente”, acusó la fiscalía.

Un VW Passat y un Honda Civic: "No caben dudas de que Ricardo Jaime utilizaba estos dos vehículos, sin perjuicio de que sabía que estaban destinados a controlar distintas obras de corredores viales que se encontraban en pleno curso de ejecución".

En esta misma línea, la fiscalía sostuvo que -según lo determinó un peritaje contable- al 2005 existía un “un saldo a favor de Ricardo Jaime de 42 mil pesos, monto que resulta insuficiente para justificar el pago de $ 64.990,00 para comprar este vehículo”.

En relación a la adquisición del Yate, la fiscalía sostuvo que “se encuentra debidamente acreditado que Ricardo Jaime ha estado detrás de esta operación y que Silvia Reyys ha actuado como persona interpuesta para disimular el enriquecimiento de su pareja”. En este mismo sentido, el MPF señaló que Jaime “se encontraba autorizado para utilizar la embarcación, según el informe de la guardería náutica Canestrari”. Asimismo, las representantes del MPF sostuvieron que el domicilio aportado por Silvia Reyys en diversos actos jurídicos vinculados con este yate era el de la empresa Ayres del Sur SA, del empresario Claudio Cirigliano. De esta manera la fiscalía sostuvo que estos hechos sumados a “que Reyss no pudo justificar contablemente esta adquisición, demuestran que los fondos provinieron de un tercero y este tercero era Ricardo Jaime”.

En relación a los hechos vinculados a Lorena y Agostina Jayo, la fiscalía dio por probado que Jaime adquirió mediante las mencionadas un inmueble en la provincia de Córdoba en el que funcionaba el comercio de spa “Alleviare”, explotado por la firma ALOSI S.A.

“Se encuentra incontrovertido que Lorena y Agostina Jayo eran las dueñas del spa 'Alleviare', emplazado en el inmueble en cuestión, el cual era explotado por la firma ALOSI S.A. Dicho extremo, surge de diferentes recibos de sueldo y documentación contable secuestrada en el marco del allanamiento realizado en el spa, y de la documental que obraba en poder del contador de las hermanas”, desarrolló el MPF.

Además, la fiscalía indicó que se encuentra probado que fue Jaime quien “facilitó la suma de dinero de $150.000 a Silvia Reyss y Lorena y Agostina Jayo para la adquisición de acciones de la firma ALOSI S.A”.

Previo al petitorio de la pena, la fiscal Baigún requirió al tribunal que solicitara a los acusados presentes que encendieran sus cámaras, en el marco de la audiencia virtual vía Zoom.

En la relación a la malversación de fondos públicos, la fiscalía dio probado que Jaime recibió los vehículos marca Honda Civic y Volkswagen Passat, destinados a controlar distintas obras de corredores viales que se encontraban en pleno curso de ejecución, para darles un uso distinto al especificado en los pliegos técnicos.

"No caben dudas de que Ricardo Jaime utilizaba estos dos vehículos, sin perjuicio de que sabía –en virtud del alto cargo que revestía- que estaban destinados a controlar distintas obras de corredores viales que se encontraban en pleno curso de ejecución. De hecho, en el caso del Volkswagen Passat, la propia Secretaría de Transporte era comitente y autoridad de aplicación del contrato de concesión", señaló la fiscalía.

En este marco, el MPF señaló a Uberti por haber hecho entrega del Honda Civic a pesar de que “el pliego técnico particular para la conservación y mantenimiento del Corredor Vial Nacional N° 3, Anexo B, en su apartado 10, inciso f), establecía que el automóvil entregado por la empresa Vial 3 S.A.  establecía que el automóvil debía ser utilizado, exclusivamente, para supervisar el Corredor Vial Nacional N° 3”.

Previo al petitorio de la pena, la fiscal Gabriela Baigun requirió al tribunal que se solicitara a los acusados presentes que encendieran sus cámaras, en el marco de la audiencia virtual vía Zoom. Este hecho motivó la impugnación de uno de los abogados defensores, Maximiliano Rusconi, que fue replicada por la fiscal. Luego, el tribunal hizo lugar al pedido de la fiscalía. Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia del lunes 15 de noviembre a las 9.30, cuando la fiscalía continuará con su alegato.