En su momento, Pettigiani había acusado a la actual Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y al ex Procurador Esteban Righi de colaborar en el encubrimiento de un delito que él mismo había denunciado en 2010. Se trata de presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos enviados por la Nación a la Municipalidad de General Pueyrredón en el marco de un “Plan Integral de protección Ciudadana”.

El fiscal Larriera, quien actúa en la causa originada a partir de la denuncia de Pettigiani, había solicitado que se desestimara la presentación, ya que no se advertía falla alguna en la actuación del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con el dictamen de Larriera, la causa tuvo el fiscal que le correspondía, quien trabajó acorde a sus funciones.

Larriera también había explicado que el encubrimiento supone un accionar positivo para encubrir, no un “dejar hacer”, como hubiera sucedido en este caso. Por tal motivo, explicó que ninguna de las bases que sustentaban la denuncia resultaron comprobables. Todo lo que hubo, aclaró el fiscal, fue una simple denegación de la autorización que Pettigiani buscó en reiteradas ocasiones y esa denegación “es una facultad de quien está a cargo de la Procuración General de la Nación”.

A partir del pedido del fiscal Larriera, Inchausti concluyó que, debido a la ausencia de un requerimiento fiscal de instrucción o de una actuación prevencional policial notificada debidamente al representante del Ministerio Público, se tornaba imposible, por estar en juego diversas garantías constitucionales, a los órganos judiciales conocer y decidir el caso. Esto, entre otras cosas, se debió a que la denuncia de Pettigiani involucraba un delito de acción pública. De esta manera, el juez explicó que, a partir de lo que señala la Constitución Nacional y las leyes vigentes, ningún órgano de justicia puede conocer y decidir casos vinculados a esta clase de delitos si el Ministerio Público postuló la desestimación de la denuncia por inexistencia de una conducta penalmente ilícita.

De esta manera, la denuncia contra Gils Carbó y Righi quedó desestimada y se ordenó el archivo de las actuaciones.