El pasado 15 de agosto, el juez de instrucción, Eduardo Daffis Niklison, se declaró incompetente para intervenir en una investigación llevada adelante por el fiscal Carlos Velarde, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°42, contra el comisario Marcelo Pecorelli, por los delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de deberes de funcionario público.

La investigación de Velarde se inició por una denuncia realizada por la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Cristina Caamaño Iglesias Paiz.

Entre las imputaciones a Pecorelli se cuentan las de pedir dinero a cambio de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal representase a policías imputados en causas penales (lo que no corresponde cuando sean hechos cometidos fuera de servicio); haber derivado a su propio estudio jurídico causas en las que no podía patrocinar Asuntos Jurídicos; y obligar a personal de la División a trabajar en su estudio particular. También se lo acusa de actuar en connivencia con magistrados del fuero federal para obtener sentencias favorables y de haber pedido dinero a distintos estudios jurídicos para acelerar los juicios por reclamos salariales, tramitados en la División a su cargo.

El fiscal Velarde también analizó si en la división Asuntos Jurídicos se encontraba montada una organización que recibía dinero a cambio de iniciar investigaciones contra funcionarios policiales. De acuerdo con la denuncia, existirían inconsistencias en la declaración jurada de Pecorelli que indicarían un posible caso de enriquecimiento ilícito.

Por otra parte, el comisario investigado habría acosado a mujeres que trabajaban en la Dirección a su cargo, pero no habría sido sumariado gracias a los favores de un colega retirado que trabajaba en la Secretaría Privada de la Jefatura de Policía y archivaba esas denuncias.

Por último, de las escuchas telefónicas ordenadas oportunamente por el juzgado a cargo de Juan Ramos Padilla –a quién la Sala VI de la Cámara apartó de la investigación-, el fiscal Velarde pudo establecer que Pecorelli se contactó con distintos funcionarios judiciales para intentar digitar las investigaciones en su contra. Entre ellos se encuentra el fiscal general Ricardo Sáenz, respecto de quien la Procuración General inició una investigación sumaria - a instancias de Ramos Padilla-, para establecer si corresponde una sanción disciplinaria.

Ahora, a raíz de la declinatoria de competencia decretada por el juez Daffis Niklison, la investigación pasará al fuero federal donde el titular del Juzgado N° 9, Luis Rodríguez, asumirá la pesquisa.