El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, solicitó el procesamiento del ex intendente de esa ciudad, Luis Larrañaga, y de un grupo de funcionarios municipales  -entre ellos el actual Director Provincial de Obras Públicas-, por considerarlos coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Asimismo, solicitó el procesamiento de un empresario y el Ingeniero Civil de dicha empresa en carácter de partícipes, en el marco de una causa donde se investigan presuntas maniobras de defraudación al Estado mediante la adjudicación y ejecución irregular de obra pública cloacal en un barrio de la capital provincial.

En la misma presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se cite a prestar declaración indagatoria al ex secretario de Obras Públicas de la Nación y al ex administrador del Ente Nacional Obras Hídricas y Saneamiento (ENOSHA) en virtud de su presunta responsabilidad en el hecho. Por último, solicitó una serie de medidas cautelares de orden patrimonial sobre la empresa constructora involucrada como por ejemplo la implementación de veedores informantes de la AFIP para que, eventualmente, se logre proceder al embargo o decomiso de los bienes producto del ilícito.

Las irregularidades

La investigación, delegada en el Ministerio Público Fiscal en los términos del art.196 del C.P.P.N, tiene como objeto procesal una presunta defraudación al Estado a partir de la licitación y adjudicación de la obra pública “Renovación de la red cloacal de Asbesto-Cemento del Barrio Butaló”, a realizarse en el marco de un convenio de colaboración y transferencia celebrado entre el ENOSHA –dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, la provincia de La Pampa, y la Municipalidad de Santa Rosa, por un monto presupuestado de 2.233.725 pesos.  En 2014, resultó adjudicada para realizar los trabajos la constructora  que presentó el menor precio ($2,9 millones), entre otras razones formalmente esgrimidas.

Finalmente, la gestión municipal terminó abonando un monto final superior a los 4,6 millones de pesos, suma que excede ampliamente los trabajos ejecutados, ya que si bien los certificados de obras dan cuenta de un avance físico del 100%, sólo se habría ejecutado un 20% del total. Entre las irregularidades detectadas, se logró corroborar que las acometidas que comienzan en la colectora principal no llegan a un metro de la línea municipal, es decir, los trabajos solicitados en el pliego licitatorio se encuentran inconclusos. Además, la firma contratista certificó, midió y cobró por 246 conexiones domiciliarias hasta un metro de la línea municipal, habiéndose detectado que en algunos casos las conexiones no se realizaron, en otras quedaron las antiguas y obsoletas cañerías de asbesto cemento, lo que ocasionó daño ambiental provocado por los líquidos cloacales que se vertían a las napas freáticas y daños a los bienes del dominio público municipal, ya que se debió realizar su recambio y posterior conexión. Se constató, además, la ausencia de cortes en el asfalto o de movimientos de suelo a cielo abierto que refieran al cambio de cañerías, tal como había sido exigido en el pliego licitatorio.

“Durante las obras aquí en cuestión se sucedieron múltiples irregularidades, incluso en la tramitación del expediente administrativo de la empresa vinculada a Omar Jubete, que además recibió un trámite deficiente por parte de las instancias de administrativas que tenían a su cargo el otorgamiento de la obra pública, el control y supervisión de dicha obra y el libramiento de los pagos correspondientes. Lo cual habría significado para dicha empresa la obtención de un beneficio económico indebido, mientras que ocasionaba un perjuicio patrimonial para el Estado Nacional”, consignó el fiscal en su presentación.

Además del ex jefe municipal, la Fiscalía Federal requirió el procesamiento del ex director de Aguas y Saneamiento de Santa Rosa, el ex inspector de esa dependencia; el por entonces secretario de Obras, Servicios Públicos y Planteamiento Urbano del municipio, y dos empresarios por defraudación en perjuicio de la administración pública (art.173, inc.7 del Código Penal, con la aplicación del agravante establecido en el art.174, inc.5 del Código Penal).

Con respecto a la sociedad involucrada, la Fiscalía solicitó al juez federal interviniente la designación de una veeduría jurídico contable, la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar la composición accionaria de la misma, como así también de distribuir dividendos.