En un caso bajo su investigación, la titular de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, María Laura Roteta, arribó a un acuerdo de reparación integral que consistió en que el imputado de haber importado un automóvil de colección a un precio inferior al de mercado abone al Estado U$D 26.766,07 e intereses resarcitorios actualizados en concepto del daño causado, y pague también una suma equivalente, que fue destinada para la compra de nuevo equipamiento médico de complejidad para el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la capital provincial, que permite tratar y diagnosticar a pacientes con enfermedades agudas y crónicas.

Al presentar el acuerdo, la fiscal marcó que el uso público específico y socialmente útil de los bienes obtenidos en la solución alternativa de este proceso “se erige como un puente entre la justicia y la sociedad, ya que empodera a la ciudadanía frente al presunto quiebre de normas y posee un gran valor simbólico en términos de la construcción de una cultura de legalidad, supremacía del Estado de derecho y del restablecimiento de la paz social”.

El acuerdo de la fiscal contó con la confirmación del fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, y fue homologado por el Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, a cargo de Alejo Ramos Padilla. La semana pasada, tras corroborar el pago a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la entrega del dinero al hospital y la compra del equipamiento, el magistrado dispuso la extinción de la acción penal del imputado.

La extinción de la acción penal se produjo en los términos del artículo 59 inciso 6to del Código Penal, que prevé este resultado para los casos en los que se llegue a conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

“Una verdadera y robusta reparación”

La salida alternativa que permitió solucionar el conflicto fue acordada teniendo en cuenta la pauta del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que establece que “los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.

La fiscal puso de relieve el destino público social de los bienes para reparar a la sociedad por el daño causado y su potencialidad de reducir vulnerabilidades concretas. Destacó que, para que se cumpla con ese fin, el destino de esos bienes debe orientarse a un “uso público/social específico bajo condiciones de transparencia”.

En la audiencia oral desarrollada el 11 de julio pasado para el tratamiento del acuerdo, la fiscal Roteta hizo hincapié en que las características del caso puntual permitían llevar a cabo la solución alternativa, pues puntualizó que no se trataba de un caso de criminalidad económica compleja ni un suceso especialmente grave.

Al respecto, destacó que en el caso había un único hecho imputado, con un solo producto que no está prohibido, llevado a cabo por una sola persona y de forma aislada, y que no existió un acuerdo de voluntades ni se enmarcó en un suceso de naturaleza asociativa. Añadió que los hechos databan de más de cinco años, que el imputado no presentaba antecedentes penales y que tampoco se presentaban las pautas que limitan a la fiscalía para disponer de la acción penal previstas en el artículo 30 del CPPF, pues el acusado no es ni fue funcionario público, ni mediaron hechos de violencia de género ni se trata de un supuesto que resulte incompatible con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del MPF fundadas en criterios de política criminal.

La fiscal Roteta citó al respecto dictámenes en el mismo sentido del fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, para brindar las razones que la llevaron a entender que el acuerdo permitía “una verdadera y robusta reparación, pues no sólo remediaba completamente el perjuicio fiscal y sus intereses actualizados” -según los cálculos efectuados por la propia AFIP- sino que permitía “reparar a la comunidad mediante un destino público socialmente útil de una suma equivalente”.

Roteta destacó que el mero pago del perjuicio fiscal y los intereses no era condición suficiente de integralidad y que por ello la fiscalía había rechazado una primera oferta de la defensa en esta línea. Resaltó que la reparación integral finalmente ofrecida tenía la capacidad de resarcir satisfactoriamente todas las consecuencias indebidas producidas por el suceso investigado y que aseguraba los efectos disuasorios preventivos buscados.

Al respecto, la fiscal puso de relieve el destino público social de los bienes para reparar a la sociedad por el daño causado y su potencialidad de reducir vulnerabilidades concretas. En tal sentido, destacó que, para que se cumpla con ese fin, el destino de esos bienes debe orientarse a un “uso público/social específico bajo condiciones de transparencia”.

A propuesta de la fiscalía, intervino en la audiencia de homologación el director del Hospital, quien explicó cómo se daría transparencia a la asignación de los fondos y a qué bienes serían asignados.

El funcionario destacó que la institución tiene una trayectoria de más de 120 años en el servicio de salud a la niñez de varias provincias, específicamente a pacientes agudos, críticos, crónicos y complejos.

Luego, especificó que el dinero obtenido en el proceso se utilizaría para adquirir un nuevo equipamiento médico llamado fibrobroncoscopio, que permite realizar diagnósticos y tratamientos de enfermedades complejas. El director del nosocomio señaló la relevancia de incorporar ese equipo, del que carecía la institución y que la convertiría en centro de referencia ante las urgencias de patología aguda de la vía área inferior.

También refirió que se compraría un paquímetro, un set oftalmoscópico y lupas, y se comprometió a garantizar la transparencia en el proceso de compra y a la obligación de rendir cuentas, todo lo cual finalmente cumplimentó y quedó asentado en el caso.