La Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) inspeccionó la semana pasada las instalaciones de la Unidad N°15 del Servicio Penitenciario Federal, un establecimiento con un nivel de seguridad medio ubicado en Río Gallegos. La visita formó parte del cronograma anual de la UFEP orientado a controlar las condiciones de detención de las personas alojadas en las cárceles federales y a monitorear el trabajo de las diversas áreas que las componen. La unidad ubicada en la capital de la provincia de Santa Cruz es un establecimiento con capacidad para alojar a 95 personas aproximadamente, con un nivel de seguridad medio.

La titular de la UFEP, Guillermina García Padin, explicó que las personas condenadas en la Capital Federal son distribuidas en las 36 unidades del Servicio Penitenciario Federal; al momento de la inspección, en Río Gallegos había 50. Además, aclaró que van cambiando de establecimiento de acuerdo a su nivel de seguridad y el régimen de progresividad dispuesto en la ley de ejecución de la pena. “Mostraron su conformidad con la presencia del Ministerio Público Fiscal y el contacto personal con ellos”, destacó la fiscal en referencia a las entrevistas llevadas a cabo con los detenidos. El objetivo es “canalizar todos los reclamos, actualizar todos los trámites”, precisó García Padín.

Entre el miércoles 15 y jueves 16 los representantes de la UFEP entrevistaron personalmente a la totalidad de las personas alojadas a disposición de la justicia nacional de ejecución penal y se constató las condiciones en las que se encuentran todos los sectores de alojamiento: alimentación, higiene, asistencia médica, régimen de visitas y otras cuestiones vinculadas a la situación judicial de cada una de las personas. Los planteos y requerimientos recibidos fueron canalizados por la UFEP con intervención de las áreas pertinentes, procurándose una solución rápida.

Por ejemplo, algunas de las personas encerradas desconocían en qué estado se encontraban los trámites para acceder a la libertad condicional, estímulo educativo o el contacto con sus hijos. De esa forma, se otorgará intervención a los defensores y magistrados pertinentes, en aquellas cuestiones que demandan decisiones jurisdiccionales.

También, se verificó el funcionamiento de cada una de las áreas de tratamiento: Salud, Educación, Trabajo, Servicio Criminológico, Servicio Social y Seguridad Interna. Las conclusiones de la inspección fueron comunicadas al director del establecimiento y a las instancias administrativas y jurisdiccionales pertinentes.