"Reafirmamos que se mantiene vigente e incólume el interés de este Ministerio Público Fiscal tanto en el mantenimiento de las notificaciones rojas como en que, en el marco de la organización policial internacional, se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas dispuestas en autos, más allá de lo que implica su mera anotación o difusión", dictaminó hoy la Unidad Fiscal especial que investiga el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.

De esta forma, la UFI-AMIA replicó un pedido de ratificación de las alertas rojas para la detención de los ciudadanos iraníes imputados Alí Fallahijan, ex jefe del servicio secreto acusado de coordinar las tareas para la concreción del atentado; Mohsen Rezai, sindicado como partícipe en la fase de implementación del ataque; y Mohsen Rabbani, considerado por la fiscalía como "principal responsable de la logística local".

En un auto de nueve carillas, la UFI-AMIA, que tiene delegada la investigación, dispuso remitirle al juez federal Rodolfo Canicoba Corral una copia en papel y en formato digital del dictamen de 801 páginas emitido el 25 de octubre de 2006 para que lo remita a la Comisión Control de Ficheros de INTERPOL "por los carriles que corresponda".

La remisión del dictamen tiene por objeto que el organismo internacional tenga a su disposición todos los elementos que fundan los pedidos de captura. "Ningún análisis sobre la situación de los imputados puede realizarse sin un estudio integral y pormenorizado de las consideraciones y elementos de prueba que surgen del dictamen que emitió esta Unidad Fiscal el 25 de octubre de 2006", señaló la UFI-AMIA.

En efecto, la Fiscalía señaló que "es allí donde se efectúa de manera abarcativa y cronológica el análisis de los sucesos, y de modo puntual el tratamiento de cada una de las situaciones procesales de los requeridos, fundada en la totalidad de los elementos de prueba".

Al respecto, la Unidad integrada por los fiscales Roberto Salum y Sabrina Namer, explicó que en el sistema procesal penal de nuestro país todas las pruebas "deben ser analizadas en un pie de igualdad", puesto que en el requerimiento formulado por la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL se hizo foco en las "listas de declaraciones de testigos que implican a los sospechosos".

La Unidad Fiscal señaló que "han sido múltiples los medios probatorios reunidos, analizados y valorados durante la investigación, sin que quepa extirpar de dicho universo y analizar, de forma aislada, únicamente las declaraciones testimoniales, puesto que ello llevará, invariablemente, a conclusiones equivocadas".

En la misma línea, la fiscalía a cargo de la investigación reiteró que el denominado "informe Galeano" "no es parte integrante de dichas órdenes de captura ni tampoco ha sido invocado como sustento de las notificaciones rojas vigentes".