A pedido del titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe, Walter Rodríguez, la justicia federal llamó a indagatoria a Marcelo Bertolotti y Miguel Ángel Vázquez, secretario general y secretario adjunto del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Séptimo Distrito -Santa Fe-, y a la escribana pública Claudia María del Huerto Dechanzi. Los tres están acusados de los delitos de uso de documentos públicos falsificados, falsificación ideológica de documento público y fraude en perjuicio de la administración pública, ya que habrían realizado un negocio inmobiliario fraudulento en terrenos que Vialidad Nacional había donado al sindicato para que construyeran una nueva sede gremial.

Los terrenos en cuestión eran propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad, luego de que fueran oportunamente expropiados para el ensanche de la Avenida Alem de la capital santafesina. Como los terrenos finalmente no fueron necesarios para la obra, y tras darle cause al pedido del sindicato de la cesión de tierras, el 5 de noviembre de 2012, Bertolotti y Vázquez rubricaron, junto con el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti, el respectivo Convenio de Transferencia.

Los sindicalistas habían señalado que en esos terrenos donados proyectaban “construir nuestra sede social y además tener viviendas de paso para los agentes del interior de la provincia”.

Sin embargo, el fiscal federal Rodríguez detalló que “paralelamente al trámite administrativo, Bertolotti y Vázquez pergeñaron un negocio inmobiliario que según cifras ‘oficiales’ rondaría el valor de 400.000 dólares estadounidenses al momento de los hechos -con complicidad cuanto menos de Dechanzi- valiéndose originariamente de la suscripción de una escritura pública de donación en la que se introdujeron circunstancias falsas respecto al contenido del Convenio precedentemente invocado, a los fines de permitir el posterior despojo patrimonial de los terrenos en cuestión”.

Estas falsificaciones, indicó el representante del MPF “refieren -precisamente- a la posibilidad de destinar el terreno donado a la realización de ‘figuras contractuales onerosas’ y no sólo a la construcción de un inmueble”. De esta manera, “Bertolotti y Vázquez lograron perfeccionar la transmisión fraudulenta de la propiedad (en punto a la posibilidad de destinar el inmueble a ulteriores negocios onerosos) con la intervención de la Escribana Pública Claudia Dechanzi, en cuya colaboración suscribieron la escritura pública de donación”.

Rodríguez explicó que “Bertolotti, Vázquez y Dechanzi progresaron en la defraudación pergeñada, luego perfeccionada a través de la celebración de un contrato de permuta con la firma Benuzzi Inmobiliaria S.A., celebrado en día 16 de julio de 2013, es decir, menos de cuarenta días después de la inscripción de la escritura de donación en el Registro General de la Propiedad Inmueble”. Esto, agregó, “actuaría como salvaguarda para el tercero adquirente ante una eventual revocación de la donación originaria que pudiera afectarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1855 del Código Civil entonces vigente, que rezaba ‘cuando la donación ha sido de bienes inmuebles, y en el instrumento público están expresadas las cargas impuestas par el donante, la revocación de la donación anula las enajenaciones (…) consentidas por el donatario”.

A cambio, precisó el fiscal federal, las autoridades del Sindicato aceptaron la transferencia de dos departamentos con cochera. Sin embargo, agregó, “según los resultados de las medidas probatorias realizadas, debe mencionarse que, al menos uno de los inmuebles recibidos en permuta ni siquiera fue destinado a una finalidad compatible con la sostenida a lo largo de la tramitación administrativa de la solicitud de donación (esto es, contar con viviendas de paso)”.

En efecto, la investigación realizada por el representante del MPF pudo verificar que “el departamento […] no es utilizado por ‘afiliados del interior’, sino que fue ofrecido en alquiler junto con su cochera correspondiente, siendo habitado desde mediados del presente año por [un hombre], quien según su propia declaración ‘nunca [trabajó] en la Dirección Nacional de Vialidad, y por supuesto nunca [estuvo] afiliado al Sindicato’. El contrato de locación [con el inquilino] fue celebrado, precisamente, a través de Benuzzi Inmobiliaria S.A., cuyos agentes le manifestaron que ‘hacía muchos meses que lo estaban ofreciendo sin lograr interesados’”.

Si bien el juez federal hizo lugar a las indagatorias, aún no fijó la fecha para que se efectúen.

Además, Rodríguez, junto con la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, habían solicitado un conjuto de medidas cautelares que hasta el momento no fueron resueltas, ya que el juzgado difirió su tratamiento hasta tanto corrobore cierta documentación que considera necesaria integrar a la causa.