El Juzgado Federal N°2, a cargo de Santiago Martín, convocó a una audiencia conciliadora virtual para este viernes a las 10, al tomar la propuesta realizada por el fiscal general Daniel Adler, quien dictaminó en un amparo presentado por empresarios gastronómicos que habían solicitado que se establezca el alcance de los decretos presidenciales referidos al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que se permita la apertura de sus locales comerciales.

En este sentido, el magistrado a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°2, con la colaboración de la Unidad No Penal del Ministerio Público Fiscal en Mar del Plata, había dicho en su dictamen que por las circunstancias de la cuestión planteada “surge la necesidad de contar con una instancia superadora que coloque al juez en un lugar distinto al de la tradicional decisión entre ganadores y perdedores, para ubicarse en un lugar que genere las condiciones que permitan alcanzar acuerdos sociales e institucionales, tendientes a lograr una convivencia pacífica ante una situación sin precedentes”.

Adler reparó en que el escenario actual, como producto de la emergencia sanitaria por coronavirus, “es absolutamente inédito, y en tal contexto el Poder Judicial es llamado a interceder en las tensiones y los lógicos intereses en juego”. La audiencia propuesta por el fiscal, y que fue convocada por Martín, apunta a que se pueda analizar la situación de manera integral y “avanzar en la búsqueda de consensos necesarios para la preservación equilibrada de los derechos en juego”.

Derechos en pugna

A su vez, el fiscal había reparado en que la vía elegida por los empresarios y comerciantes para ver satisfecho su reclamo resultaba adecuada: “Dicho marco ha sido reconocido para que el Poder Judicial intervenga con el objetivo de evitar que se produzcan lesiones, y así impedir el padecimiento de perjuicios por los justiciables”.

En el caso, conforme fue presentado en el amparo, entendió que se encuentran en pugna, por un lado, el derecho a la vida y su preservación necesaria y correspondiente que implica la consagración del derecho a la salud, y, por el otro, la libertad de trabajo y el ejercicio de la industria lícita.

No obstante, consideró que si bien la realidad en la que se encuentra el Partido de General Pueyrredón afecta directamente el derecho a trabajar y ejercer la industria lícita, también podría indirectamente afectar el mismo derecho a la salud, comprensivo, de acuerdo a lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo por los aspectos físicos, sino también mentales y sociales.