Tras el pedido del fiscal federal Nicolás Czizik de llevar a juicio oral la causa por narcotráfico, que tiene imputados a cuatro ex policías y un civil, el juez federal Santiago Inchausti declaró la clausura parcial de la instrucción y la elevación a juicio. Están acusados de haber obtenido por medio de una “emboscada”, tres kilos de cocaína, con fines de comercialización, y con la misma sustancia, realizar un procedimiento fraguado para detener ilegalmente a un joven durante cinco días.

Llegan a esta instancia detenidos el ex subcomisario Leandro Damián Arenas, el ex oficial principal Laureano Emanuel Pérez Rodríguez, el ex subteniente Daniel Alejandro Escurra, el ex sargento Abel Fernando Palomino, y el civil Gabriel Fernando Rizzo. Los cuatro funcionarios se desempeñaban al momento de los hechos en la Comisaría Distrital 14 de Sierra de los Padres. Rizzo estuvo prófugo en un primer momento, y había un segundo civil implicado, Marcelo Cortadi, quien murió baleado por la espalda durante un episodio aún no esclarecido el mismo día en que se ordenaron las detenciones. La causa sumó también otro grave suceso: un acto intimidatorio en las puertas de la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mar del Plata.

Si bien la Cámara Federal de Apelaciones había resuelto la excarcelación de los ex integrantes de la fuerza, a través de un recurso interpuesto por el fiscal coordinador de Distrito, Daniel Adler, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la detención de los mismos.

Frente a los hechos imputados, la conclusión de Czizik al requerir la elevación a juicio en noviembre de 2015, fue contundente: “Utilizaron bienes, recursos humanos asignados por el Estado; y aún más, actuaron en nombre de éste último, en lo que fue el desarrollo de la prosecución del delito, abusando de sus funciones, fraguando el procedimiento de averiguación de antecedentes con falsos testimonios; privando ilegalmente de su libertad y falsificando instrumentos públicos”. “Sinceramente –señaló más adelante- nos causa perplejidad que los mismos policías que se encuentran encargados de prevenir y combatir el narcotráfico, tomen droga de un narcotraficante a quien debieran haber aprehendido, y la pongan a la venta, y como si fuera poco, la utilicen para mejorar las estadísticas de su desempeño, a costa de un ciudadano inocente y en evidente situación de vulnerabilidad”.

Los hechos

El 5 de mayo de 2011, según la hipótesis fiscal, cuatro policías “emboscaron” a otro de los imputados, que tenía en su poder tres kilos de clorhidrato de cocaína fraccionados en “tizas”, y que habría sido delatado por un civil asociado a ellos, junto a otro cómplice más, en una maniobra realizada en calle 238 y avenida Luro. Esa misma tarde, el detenido fue llevado a la comisaría distrital 14ª de Sierra de los Padres, por una supuesta averiguación de identidad, para que los policías pudieran apoderarse allí de la droga.

Horas más tarde, cerca de las 22, tres de los policías involucrados planearon y llevaron adelante un procedimiento fraguado que terminó con una persona detenida durante cinco días de manera ilegítima. Le “plantaron” diez tizas de cocaína, se confeccionó un acta con información falsa y figuró como testigo uno de los civiles, aunque nunca estuvo en el lugar. Esto quedó en evidencia a través de las escuchas realizadas, y se concretó “para mejorar la imagen de la policía de esa localidad frente a críticas de los vecinos sobre el desempeño policial y con ello conformar a sus superiores”, según consta en el requerimiento de elevación a juicio. A partir de una llamada registrada el día posterior a estos hechos, se evidencia cómo uno de los imputados comienza a hablar en código con otro y le anuncia que les habían quedado "3 K... tres quintana" (3 kilos de clorhidrato de cocaína), a lo que éste le contesta: "Ya me pongo en campaña", para luego hablar del dinero que dejaría la operación.