La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata reconoció la semana pasada la legitimación del Defensor del Pueblo de General Pueyrredón para cuestionar judicialmente la ley 27.828, que modificó el régimen denominado de “zona fría” para el gas natural. La decisión, en consonancia con la postura del Ministerio Público Fiscal, fue adoptada por unanimidad por los jueces Eduardo Jiménez, Alejandro Tazza y Santiago Martín, por lo que se revocó el rechazo dictado en primera instancia, que se había dado sin darle trámite alguno a la cuestión.
En consecuencia, la Cámara Federal ordenó el 10 de noviembre pasado la inmediata devolución del expediente al juzgado de origen, que deberá analizar el pedido cautelar y resolver si corresponde tramitar la causa como proceso colectivo, conforme la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal general Daniel Adler, a cargo del Área No Penal de la Unidad Fiscal Mar del Plata, había dictaminado en primera instancia que el juzgado federal era competente y que el defensor Marcelo Pablo Lacedonia se encontraba legitimado. Luego, ante la Cámara, sostuvo que la resolución que rechazó la demanda debía ser revocada, por lo que se debía habilitar la instancia.
La presentación
El caso se inició a través de la presentación de un amparo colectivo que fue dirigido contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, contra el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y contra Camuzzi Gas Pampeana S.A., prestadora del servicio de distribución de gas en el Partido.
En la demanda se planteó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley 27.828, que sustituyó el criterio bioclimático de asignación de la bonificación para las regiones incorporadas al régimen de zona fría por un criterio de ingresos y patrimonio administrado por el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna, en cambio, la norma mantuvo el criterio climático sin condiciones, pero lo modificó en relación al partido de General Pueyrredón.
En forma subsidiaria, el defensor pidió en su presentación que no se exija a los usuarios residenciales locales —que serían unos 262.306 hogares— la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados ni los indicadores patrimoniales de exclusión de la disposición 2/2026. También cuestionó la reforma del artículo 38, inciso c), de la ley 24.076, que suprime la audiencia pública previa al traslado a las tarifas del costo del gas. El amparo incluyó un pedido de medida cautelar de no innovar.
El rechazo de la primera instancia
El 21 de octubre pasado, al expedirse sobre la competencia y la habilitación de la instancia, el fiscal Adler encuadró el caso como un proceso colectivo referido a intereses individuales homogéneos, en los términos del fallo "Halabi" de la Corte Suprema y de la Acordada 12/2016. En base a ello, consideró cumplidos los recaudos que exige ese reglamento.
El fiscal general señaló tres elementos que distinguen el caso de los precedentes en los que la Corte negó legitimación a defensores del pueblo locales. En primero lugar, reparó que en aquellos se discutían actos tarifarios de autoridades nacionales, mientras que aquí se controvierten las consecuencias de una ley sobre las relaciones de consumo con una licenciataria privada. Por otro lado, mencionó la singularidad climática del Partido de General Pueyrredón, reconocida por el propio legislador nacional. Por último, hizo foco en la legitimación del defensor, que surge de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y del artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, y no solo de una norma municipal.
El 28 de octubre, el juez federal subrogante Bernardo Bibel rechazó la demanda sin sustanciación, basado en lo que establece el artículo 3 de la ley 16.986 sobre amparos. En ese sentido, entendió que, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, los defensores del pueblo locales carecen de legitimación para impugnar ante la justicia federal actos de autoridades nacionales. La decisión fue apelada por el defensor.
La posición del MPF
Al dictaminar, el fiscal general advirtió que en la resolución no se trató ninguno de los tres argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal en primera instancia y consideró que el magistrado federal se limitó a afirmar que los precedentes eran "similares al presente". Tras esto, recordó que el deber de fundar las decisiones exige hacerse cargo de los argumentos conducentes, y que la intervención fiscal en este tipo de procesos es obligatoria.
El representante del MPF analizó también el fallo "Grindetti" de la Corte Suprema en 2021 y concluyó que no se aplicaba al caso, porque allí se negó legitimación a un intendente, es decir, a una autoridad política, y no a un Defensor del Pueblo, figura que la Constitución nombra expresamente.
Por último, advirtió que, de confirmarse el rechazo, los usuarios de General Pueyrredón quedarían sin ningún órgano público con aptitud para defenderlos colectivamente.
La resolución de la Cámara
Tras analizar el caso y luego de incorporar el dictamen del fiscal general, en el voto que encabezó el acuerdo, el juez Jiménez recordó que el rechazo in limine de un amparo debe aplicarse con especial prudencia y solo frente a planteos manifiestamente inadmisibles. Sostuvo que los precedentes invocados en primera instancia se referían a medidas que alcanzaban a la generalidad de la población, mientras que la ley cuestionada afecta a una porción determinada de la provincia de Buenos Aires, sobre la que el defensor local está habilitado a actuar.
El magistrado valoró también la situación de vulnerabilidad de los usuarios del partido y la vacancia del cargo de defensor del Pueblo de la Nación desde abril de 2009, cuyos interinos no tienen legitimación para estar en juicio. El juez Tazza adhirió a esos fundamentos.
Por su parte, el juez Martín propuso una interpretación amplia del artículo 43 de la Constitución Nacional, que no excluye a los defensores provinciales o municipales, en aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio pro actione, que obliga a los órganos judiciales a interpretar los requisitos formales de forma flexible para garantizar el acceso a la justicia. Agregó que la ordenanza 26.185 encomienda al defensor justamente la defensa de los derechos colectivos de la comunidad y que, aunque se objete una ley del Congreso, el conflicto es de alcance local. El tribunal aclaró que la decisión no implica un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto.