Las imágenes que mostraban a una gran cantidad de vecinos cavando zanjas para extraer cables de telefonía en barrios vulnerados de Mar del Plata dieron cuenta de una millonaria maniobra delictiva -cuyo valor económico en el mercado fue valuado en seis millones de pesos- frenada por el accionar de la Justicia Federal a principios de julio. A partir de allí, el fiscal general Daniel Adler –a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata- coordinó una investigación que contó con la tarea de la Policía Federal Argentina y que permitió ascender en la cadena de responsabilidades.

“La fiscalía no se quedó con la foto de las personas que sacaban cables, sino que la investigación se orientó a determinar quiénes estaban en el negocio de la reducción del cobre”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación. De esta manera, los testimonios de los vecinos –a quienes se facilitó un teléfono de denuncia de la Fiscalía Federal N°2- permitieron identificar a las personas que acudieron las jornadas del 7 y 8 de julio a coordinar el robo de cables. Según consta en las tareas investigativas de la PFA y como resultado también de lo registrado en las cámaras de seguridad municipales, se habrían ocupado de llevar personas hasta el barrio Las Heras donde se cavaron más de 4 kilómetros de zanjas, dar las directivas necesarias para el trabajo, e incluso brindar viandas y bebidas a quienes allí fueron convocados como mano de obra.

Por otro lado, se logró dar seguimiento a los vehículos que salían del lugar con el material incinerado, que representó un perjuicio de casi 10 millones de pesos para la empresa Telefónica y dejó a 158 familias sin servicio en medio de la pandemia. La prueba dejó en evidencia que el cobre sería llevado hasta una chatarrería situada en la avenida Polonia.

Tras recopilar la información de las tareas de investigación a cargo de la Policía Federal, y planteada la hipótesis delictiva por parte de la Fiscalía, Adler requirió al juez federal Santiago Inchausti ocho allanamientos y la detención e indagatoria de siete personas, además de su inhibición de bienes –millonarios en algunos casos- y el bloqueo de cuentas bancarias, algunas de las cuales superan el millón y medio y los dos millones y medio de pesos.

El resultado de los allanamientos realizados este miércoles fue el secuestro de automóviles –algunos de los cuales participaron de las maniobras delictivas-, dinero en efectivo –posiblemente fruto de los hechos-, armas, teléfonos  y DVR que serán analizados por los investigadores, y 38 bolsones -28 en un domicilio y 10 en otro-, con un peso aproximado de 350 kilos cada uno, lo que arroja un total de casi 13.500 kilos de cobre.