“La oralidad es sinónimo de transparencia, y allí tanto los jueces como el pueblo, podrán tomar el mejor conocimiento de la situación”, argumentó el fiscal general. Frente a la situación generada por las decisiones recurridas por la fiscal Laura Mazzaferri y ante las manifestaciones públicas del juez Alfredo López, Adler requirió -a los fines de dar celeridad y transparencia al proceso- que la decisión sea tomada en una audiencia oral y pública ante la Cámara, para tratar ese recurso. En su presentación, el fiscal general expresó: “Nos encontramos frente a un hecho de notoria disvaliosidad”, como fue la agresión al presidente de la República y otros funcionarios “y ante una demora injustificada por parte del juez federal de instrucción en ordenar medidas de investigación sugeridas por la Fiscalía para resolver prontamente el caso”.

Más adelante, Adler advirtió que existe otra “grave” situación: “El juez federal López habría tomado medidas que podrían implicar violación del artículo 4, inciso 2, de la ley 25.520 de inteligencia, en cuanto llevó a que las fuerzas de seguridad hiciesen tareas de inteligencia sobre manifestantes y a investigar organizaciones de la sociedad civil, todo esto sin mayores fundamentos fácticos y normativos”.

Ante el ello, el fiscal sostuvo en su presentación que López “en ningún momento estableció que se estuviese frente a un caso de asociación ilícita del artículo 210 o de algún otro tipo penal que permita habilitar legalmente la orden judicial de espiar a organizaciones sociales y a manifestantes, lo que fue motivo de revocatoria con apelación en subsidio de parte de la fiscal federal”. En este sentido, el fiscal general entendió que “en atención a las irregulares acciones desarrolladas por el juez federal Alfredo López” estas debían ser puestas en conocimiento de los magistrados que integran la Cámara Federal de Apelaciones pues podrían constituir delitos de acción pública debiendo ordenarse en su caso la remisión al Consejo de la Magistratura.

Además, subrayó que el accionar del magistrado implica un entorpecimiento de la investigación y que se ha pretendido desprestigiar la labor de la representante del Ministerio Público a través de los medios de comunicación, por el sólo hecho de recurrir la decisión del juez López de investigar las organizaciones sociales. Por otro lado, Adler en su escrito consideró que el juez buscó “demorar sin justificación alguna la realización de las medidas de investigación ofrecidas por la fiscal interviniente en el hecho” y criticó que la causa no haya sido delegada en la Fiscalía.