23 de febrero de 2024
23 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La solicitó el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: realizarán una audiencia oral y pública en la Cámara Federal en la causa por los ataques neonazis
El próximo lunes, se debatirá la responsabilidad de los ocho jóvenes procesados por amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones y acusados de conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis. También, se abordarán las apelaciones a la denegación de excarcelaciones.

La causa por los ataques neonazis, en la que fueron procesados ocho jóvenes, seis de ellos privados de su libertad, tendrá un nuevo capítulo este lunes 2 de mayo cuando se realice, a partir de las 10:00, una audiencia oral y pública en la Cámara Federal de Apelaciones, solicitada por el fiscal general coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler.

En el debate, se abordarán las apelaciones presentadas por las defensas por la denegación de las excarcelaciones y los procesamientos de sus defendidos. La solicitud del representante del Ministerio Público para que la cuestión se aborde en audiencia pública responde a que se pueda resolver prontamente la situación procesal de las personas que se encuentran privadas de su libertad y evitar dilaciones en la causa.

Un mes atrás, en línea con la hipótesis trazada por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, el juez federal Santiago Inchausti había resuelto el procesamiento de Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo, y un menor de edad, los dos últimos sin prisión preventiva por una serie de hechos violentos vinculados a supuestos de discriminación e imposición de una ideología.

Se los acusa de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia –que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas-, cuyas víctimas no son elegidas al azar, bajo la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de simbología vinculada a ello, cuestiones contempladas como actos discriminatorios en la ley 23592. Esto, además de la pertenencia a un grupo organizado de personas, que actúa en relación a personas o grupos minoritarios, así como comercios que pertenecen a sujetos con militancia política o actividad social. El delito se inscribe en el artículo 213 bis Código Penal.