La justicia federal ordenó más de veinte allanamientos en Mar del Plata y Miramar, que tuvieron como resultado el secuestro de mercadería –cigarrillos electrónicos, cartuchos de nicotina, aceites de tabaco, entre otros- valuada por la Dirección General de Aduanas en 4,6 millones de pesos. La organización desbaratada se dedicaría al contrabando, en infracción a la ley 22.415 que establece el Código Aduanero de la Nación. Interviene la Fiscalía Federal N°1 a cargo de Laura Mazzaferri.

Al tiempo que se analiza el resultado de los allanamientos, aún no fueron dispuestos los llamados a indagatoria de las personas investigadas, pero dos hombres han presentado pedidos de exención de prisión que fueron concedidos por el juez actuante, Santiago Inchausti, bajo caución personal, tal como lo había propuesto la fiscal.

A partir de una denuncia por el delito de contrabando presentada a principios de mayo por la AFIP ante el Juzgado Federal N°3, se puso en marcha una investigación. De acuerdo a la presentación realizada, se estarían comercializando cigarrillos electrónicos y otros productos prohibidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en protección de la salud pública, y cuya importación es  ilegal. El ofrecimiento de la mercadería se haría mayoritariamente a través de redes sociales, como Instagram y Facebook, y en tiendas virtuales. Por último, la transacción se acordaría vía mensajería privada en comercios o bien en viviendas particulares.

Al notar que estas maniobras pondrían en riesgo la salud de la población, se identificaron las personas que serían las principales responsables de la organización y los puntos de venta.

Ante ello, y al tomar intervención el Ministerio Público Fiscal, se impulsó la acción penal, se fijó el objeto procesal y se solicitaron medidas de investigación, como el determinar el origen de la mercadería y los lugares de acopio; analizar si las personas investigadas actuaban de manera conjunta; disponer los allanamientos y profundizar la pesquisa sobre el aspecto patrimonial de los investigados.