Con la participación del fiscal Fernando Fiszer, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales Criminales N° 16, continuó ayer el debate oral y público contra el perito Roberto Jorge Locles, acusado de alterar prueba sustancial que permitía determinar la responsabilidad en el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.

En una nueva audiencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N°16 recibió la declaración de los peritos Cristina Vázquez, Eduardo Frigerio (quienes participaron de una segunda junta pericial), Ángel Martín (cuestionado por la Fiscalía por dialogar con la defensa de Locles antes de ingresar al debate) y Gonzalo Bruno Díaz (quien viajó especialmente desde Neuquén). Asimismo, con la conformidad de las querellas, la fiscalía y la defensa, se incorporaron por lectura las declaraciones testimoniales de los criminólogos Saily Ramírez González, Héctor Fernández y Dario Chivillof.

En sus testimonios, Martín y Díaz manifestaron que el día 22 de febrero de 2011, por orden de la jueza de instrucción del caso Ferreyra, y ante las discrepancias entre los peritajes efectuados por la Policía Federal -que abonaba la teoría del disparo directo- y la Gendarmería Nacional -que se inclinaba por un disparo por rebote-, se efectuó una junta pericial a fin de determinar el tipo de detonación de la que se trataba. Fue en dicha oportunidad, y a fin de ejemplificar su teoría del rebote, que Locles tomó el proyectil de plomo desnudo, extraído del cuerpo de Ferreyra, y lo golpeó rozando la mesa, lo que le produjo un brillo y una deformación. Sin embargo, ambos testigos coincidieron con sus colegas Vázquez y Frigerio, en que las alteraciones sufridas no impedirían la identificación del arma homicida –en caso de que apareciese-, pues la “zona útil” para ese examen permanece intacta.

Concluidas las testimoniales, y a diferencia de lo ocurrido en la primera audiencia, Locles pidió declarar ante el Tribunal. El imputado manifestó que el problema se inició el 18 de enero, cuando la jueza lo envió a la Policía Federal para que se pusiera de acuerdo con los peritos respecto al tipo de disparo, pero como no lograron hacerlo, decidieron hacer informes por separado.

Según sus dichos, el 22 de enero volvió al laboratorio de la PFA; cuando quiso entrar un oficial se lo impidió, razón por la cual le exhibió la cédula que le remitiera el juzgado, pero el hombre lo acusó de haberla falsificado. Además, dijo que lo dejaron esperando afuera de la sala de reunión, para hacerlo ingresar cuando ya había comenzado la junta de peritos.

Continuando con su relato, Locles sostuvo que al ingresar no vio nada sobre la mesa (al contrario de lo que sostuvieron los distintos testigos que refirieron haber visto otros proyectiles testigo) y que en un momento, cuando debatía con uno de sus colegas, se le acercó otro especialista, de quien tomó la bala y “la deslizó en tres oportunidades” para probar su teoría del rebote. Agregó además que en ningún momento se le advirtió que se trataba de la bala que habría matado a Ferreyra, y que la custodia de la prueba siempre estuvo en cabeza de la Policía Federal.  Dejó entrever la hipótesis de un complot en su perjuicio: “Acá todo ha sido una presión. Consiguieron lo que buscaban, yo no estuve y fui separado de la causa principal”.

Respecto al proyectil, el acusado refirió que no existen proyectiles íntegramente de plomos, sino que todos tienen algún tipo de aleación, pues sí así no fuera, dañaría los cañones de las armas, ya que el plomo tiene una temperatura de fundición inferior a la producida en un disparo. Por otra parte alegó que el brillo que sus colegas dijeron que tenía la bala, en realidad se debía al monóxido de plomo, presente en los proyectiles.

En su defensa, Locles dijo que no deformó la bala, que tiene vasta experiencia como perito y que conoce los límites: “sería estúpido deformar lo que estoy defendiendo”. Sin embargo, admitió que “no se cercioró que la bala no fuera la de la causa”, y que el Inspector Juan Andrés Leguiza –a cargo del peritaje- “le tendría que haber dicho”.

Respecto a su salida, el perito sostuvo que llamó a uno de sus asistentes para que retirara las cosas que había llevado porque comenzó a sentirse mal, ya que sufre de hipertensión, y necesitaba tomar su medicación.

Concluida la declaración de Locles, el Tribunal dispuso para el próximo 9 de septiembre los alegatos del fiscal Fiszer, las querellas y la defensa, para luego dictar sentencia.