La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional realizó hoy una audiencia en el marco de la causa que investiga el supuesto soborno durante la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. En este expediente, en mayo el juez Pablo Raúl Ormaechea había declarado la incompetencia del fuero ordinario para intervenir, medida que apelada por la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N°49 (a cargo interinamente de Horacio Azzolin) y la querella que representa a la familia Ferreyra.

La representante de la Fiscalía General N°1 María del Rosario Centeno mantuvo la apelación presentada por Azzolin ante los jueces de la Cámara del Crimen Ricardo Pinto, Julio Lucini y Mario Filizof y ratificó la competencia ordinaria de la causa. "El objeto procesal no ha variado desde que se expidió la Cámara del Crimen en septiembre de 2013", sostuvo.

Según la resolución de Ormaechea, la posible "composición irregular" de la sala de feria de la Casación Penal constituyó una "afectación al normal desenvolvimiento de un órgano incuestionablemente federal", con consecuencias no sólo para esta causa, sino para todos los procesos del país. En el caso, se intenta determinar si participaron de la maniobra de sobornos los jueces Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo.

Centeno estableció que las conductas investigadas afectan directamente a un proceso común: "la alteración tendenciosa, en la medida que se dirigió a dirimir un proceso ordinario, fija la competencia". "Es una reedición de cuestiones tratadas anteriormente", finalizó la representante del Ministerio Público.

Por su parte, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Maximiliano Medina coincidió en lo expresado por la Fiscalía y dijo que es falso que se haya modificado el objeto procesal. También, le explicó a los jueces que la conducta que se le atribuye a Mitchell (llegar a la presidencia de la sala de feria y manipular para que la causa termine en la Sala III) sólo influyó en el caso Ferreyra, a diferencia de lo que había considerado Ormaechea. "La causa hace seis meses que no tiene actividad, parece que no hubiera interés en investigar la corrupción judicial", cerró la querella.

Las medidas de prueba

Luego de las exposiciones, los jueces le preguntaron a la Fiscalía y a la querella cuáles son los delitos que se le imputan a sus colegas. Ambas partes coincidieron en que, hasta que no se profundicen las medidas solicitadas por el fiscal Azzolin en octubre de 2013 (y reiteradas en la apelación en mayo pasado), no se puede establecer una imputación concreta, aunque los delitos podrían ser cohecho o tráfico de influencias.

Una de las medidas era tomarle testimonio a la integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal Ángela Ledesma y a empleados de la vocalía de Riggi, de la que era titular Mitchell, para investigar las conductas de los jueces. También, se solicitó investigar la existencia de algún beneficio que podrían haber obtenido "descendientes" del juez Riggi con relación a algún proyecto vinculado al rubro de la construcción en el que la UOCRA estuviera involucrada.

Además, se requirió acceder a los legajos completos de todos los recursos presentados ante la Cámara Nacional de Casación Penal, durante la feria judicial de verano del año 2011, en la causa "Ferreyra". Todas estas medidas fueron rechazadas por el juez, al igual que cuando se solicitó esclarecer la vinculación de la firma “PINTEC” con el pago efectuado a Riquelme.

La causa

En enero de 2011, se llevó a cabo, en el marco de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra, una maniobra, que según la misma Cámara del Crimen confirmó en una intervención, constó de dos etapas. La primera habría consistido en manipular el sorteo para que los recursos de casación presentados por las defensas de los acusados quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

La segunda etapa habría tenido como objetivo "influir indebidamente" en el juez Riggi y en el resto de los vocales de la Sala para obtener un fallo favorable a los intereses de los imputados, que sucedería los primeros días de febrero de 2011. Según la Cámara del Crimen, esta parte habría quedado "trunca" por el allanamiento realizado en el estudio jurídico de Octavio Aráoz de Lamadrid, procesado actualmente. En ese operativo se encontró un sobre con 50 mil dólares, que habrían provenido de la Unión Ferroviaria, en base a escuchas teléfonicas.

Además del ex secretario de la Cámara de Casación Penal Aráoz de Lamadrid, están procesados el ex agente de Inteligencia Juan José Riquelme; el ex contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini; el ex secretario general de la UF, José Pedraza, y el empleado de la oficina de sorteos del Poder Judicial Luis Ameghino Escobar.