El juzgado Federal N°5, a cargo de Norberto Oyarbide, tiene desde el viernes la causa por los supuestos sobornos durante la investigación del crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. La sala VI de la Cámara de Crimen ratificó, por mayoría, la resolución del juez Pablo Ormaechea, quién se había declarado incompetente en mayo. Para el fiscal Horacio Azzolin, la resolución deja a la vista una "falencia estructural del poder judicial para investigarse a si mismo", ya que en la causa se excusaron de intervenir más de diez magistrados.

Para Ormaechea, la "plataforma fáctica" de la causa había cambiado, ya que tenía "una concreta imputación" contra los magistrados Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Además, sostuvo que se había afectado el normal funcionamiento de un órgano federal y que eso tendría consecuencias “para todos los procesos del país que pasaron pudieron pasar por la Cámara"

En sus votos, los jueces Ricardo Matías Pinto y Mario Filozof, ratificaron la decisión de Ormaechea. Para Pinto, "los funcionarios resultan ser indiscutiblemente federales y cumplen funciones dentro de ese ámbito", por lo que debe ser la justicia federal la que continúe con el expediente. Filozof hizo hincapié en que una de las partes querellantes (que no se presentó a la audiencia que realizó la sala VI hace dos semanas) fue la que reclamó la recepción de las declaraciones indagatorias de los jueces Mitchell, González Palazzo y Riggi. "Si bien implica brindarles el derecho de defensa, paralelamente los sindica sospechosos de lo que se pretende esclarecer", agregó.

Por otra parte Julio Marcelo Lucini consideró que "no se advierte por lo menos no ha quedado demostrado" que el ejercicio de la presidencia por parte de Mitchell “podía afectar a todos los procesos del país que pasaron o pudieron pasar por la Cámara en el período consignado". Según el camarista, la aseveración de Ormaechea se sustentó" en una hipótesis de perjuicio potencial e introducido tardíamente al proceso que ya se encamina a una próxima etapa, por lo que su análisis exige especial prudencia".

"La posibilidad de que haya habido sobornos, es de una gravedad institucional enorme", consideró Azzolin, en diálogo con Fiscales. Recordó además que las medidas solicitadas en 2011 desde la Fiscalía de Instrucción n°49 donde es subrogante "no han recibido respuesta". "Si fuera otra causa, ningún tribunal permitiría que estuviera tanto tiempo sin una definición o con medidas sin resolución", sostuvo.

Una de las querellas (representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales) confirmó que apelará la decisión a la Cámara de Casación de la Cámara del Crimen. "El poder judicial debería estar preparado para investigar el caso como cualquier otro", concluyó Azzolin.

La causa

En enero de 2011, se llevó a cabo, en el marco de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra, una maniobra, que según la misma Cámara del Crimen confirmó en una intervención, constó de dos etapas. La primera habría consistido en manipular el sorteo para que los recursos de casación presentados por las defensas de los acusados quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

La segunda etapa habría tenido como objetivo "influir indebidamente" en el juez Riggi y en el resto de los vocales de la Sala para obtener un fallo favorable a los intereses de los imputados, que sucedería los primeros días de febrero de 2011. Según la Cámara del Crimen, esta parte habría quedado "trunca" por el allanamiento realizado en el estudio jurídico de Octavio Aráoz de Lamadrid, procesado actualmente. En ese operativo se encontró un sobre con 50 mil dólares, que habrían provenido de la Unión Ferroviaria, en base a escuchas teléfonicas.

En el expediente figura una conversación mantenida entre Mitchell y su colega Ángela Ledesma, en la que el juez le propone hacerse cargo de la Presidencia de la Cámara de Casación durante la feria de enero de 2011. El objetivo de esto habría sido "garantizar que no se habilitara la feria para el tratamiento de cualquier recurso interpuesto respecto del procesamiento o de las denegatorias de las excarcelaciones" de la causa Ferreyra.

Además del ex secretario de la Cámara de Casación Penal Aráoz de Lamadrid, están procesados el ex agente de Inteligencia Juan José Riquelme; el ex contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini; el ex secretario general de la UF, José Pedraza, y el empleado de la oficina de sorteos del Poder Judicial Luis Ameghino Escobar.

Las medidas de prueba solicitadas

Una de las medidas era tomarle testimonio a la integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal Ángela Ledesma, a empleados de la vocalía de Riggi y a aquellos que trabajaban con Mitchell. El objetivo es esclarecer e investigar las conductas de los jueces. También, se solicitó investigar la existencia de algún beneficio que podrían haber obtenido "descendientes" del juez Riggi con relación a algún proyecto vinculado al rubro de la construcción en el que la UOCRA estuviera involucrada.

Además, se requirió acceder a los legajos completos de todos los recursos presentados ante la Cámara Nacional de Casación Penal, durante la feria judicial de verano del año 2011, en la causa "Ferreyra". Todas estas medidas fueron rechazadas por el juez, al igual que cuando se solicitó esclarecer la vinculación de la firma “PINTEC” con el pago efectuado a Riquelme.