El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se cumpla con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se envíe al juzgado de primera instancia el expediente en el que se investiga la muerte de Lourdes Di Natale, quien fue hallada sin vida en su domicilio el 1° de marzo de 2003. De Luca destacó en su dictamen que el “el objeto de esta causa ha quedado reducido al cumplimiento de lo dispuesto por la Corte, que no consiste en dictar otra resolución conforme a derecho, sino a producir la medida de prueba que allí se indica. La Corte no se limitó a señalar que debía prosperar la queja y retrotraerse la causa para abrirse la instancia de Casación”.

El representante del MPF puntualizó que “ninguna de las dos partes podríamos discutir lo dicho por la Corte, ni este Fiscal o la querella proponer -creativamente- alguna nueva medida de prueba que pueda ser refutada por la defensa, para que la Cámara de Casación la convalidase o no porque ello excedería el objeto del recurso original”. Para el fiscal general, esto implica que la instancia ante Casación “está agotada”, por lo que le correspondería al juzgado de instrucción resolver el caso para que se implemente la medida que dispuso la Corte.

Todo esto se da en el marco del fallo de la Corte en septiembre del año pasado, que, con el voto unánime de sus miembros, había remitido al dictamen de la procuradora fiscal Irma Adriana García Netto y, de esa manera, revocó la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había convalidado el cierre anticipado de la investigación de la muerte de Lourdes Di Natale.

En su dictamen, García Netto había señalado que “la decisión de la Cámara de Casación es arbitraria, porque convalidó el cierre anticipado de una investigación en la que no se agotaron las posibilidades de reunir pruebas conducentes en un delicado hecho como fue la muerte por causas dudosas de Di Natale”.

Entre las medidas que deben concretarse, se encuentra la posibilidad de tomarle declaración testimonial a la hija de Di Natale. En este sentido, García Netto había precisado que la joven “es hoy una persona mayor de edad, con todos los derechos y las obligaciones que otorgan las leyes”, por lo que no había “ningún impedimento para que sea entrevistada por un perito oficial, teniendo en cuenta la importancia que tendría, si finalmente se lo recibiere, su testimonio, más allá de la edad que tenía cuando fue separada de su madre”.