En un operativo especial, el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén vacunó el miércoles pasado contra el virus Covid-19 a 67 internos del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa que integran el grupo de población de riesgo. El procedimiento se realizó a raíz de un hábeas corpus planteado por un detenido, que derivó en un pedido de la Fiscalía Federal N° 2 de Neuquén, a cargo de la fiscal federal María Cristina Beute, para que el beneficio se extendiera para todos los internos que integran el grupo de riesgo alojados en el mismo penal.

La vacunación se logró por fuera del trámite judicial, con la actuación coordinada de la fiscalía y la Defensoría Oficial Federal N°2, el Juzgado Federal N° 2, las autoridades del CPF V de Senillosa y el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén, para que las autoridades de la cárcel inscriban a los detenidos para que queden en condiciones de recibir la vacuna cuando llegara su turno.

El habeas corpus formulado por el detenido en su favor planteaba que las personas que forman parte de la población objetivo de la vacunación contra el Covid-19 -mayores de 60 años y aquellos con enfermedades prevalentes que son factores de riesgo frente al virus- debían acceder a la inscripción en la plataforma web del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, en igualdad de condiciones que el resto de la población provincial.

A partir de ello, la fiscal Beute hizo un pedido para lograr el beneficio para todos los detenidos que se encuentren en la misma situación. En ese sentido, recordó que el MPF tiene "la alta misión de velar por la defensa de los derechos humanos y los intereses colectivos de la sociedad" y que "ello incluye velar para que los que sufren de privación de la libertad sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resultaren necesarias para el cumplimiento de dicho objeto".