Con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio  de la querella, representada por AFIP y del  Ministerio Público Fiscal, se dio inicio en la  Sala B de los tribunales federales de Retiro, al juicio oral y público a Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Souza, por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública a través de maniobras vinculadas a la firma OIL Combustibles.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº3 integrado por Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos, y el MPF está representado por los titulares de las Fiscalía General Nº4 y 6 ante los TOF, Juan Patricio García Elorrio y  Diego Velasco, respectivamente. Durante la etapa de investigación intervino el titular de la Fiscalía Federal Nº11, Gerardo Pollicita, y la instrucción  estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini.

Estuvieron presentes los tres imputados con sus respectivas defensas durante el desarrollo de toda la audiencia. El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 27 de junio.

Según se desprende de la elevación a juicio de la Fiscalía: “la acusación fiscal reconoce como punto de partida la instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la Administración Pública, en la que la estructura permanente y coordinada de personas —funcionarios y particulares— logró la sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado Nacional.

La modalidad escogida para ello consistió en que desde la cúspide de la estructura burocrática de la AFIP, Ricardo Echegaray, diseñó, puso en marcha y sostuvo en el tiempo un circuito por el cual desde el ente recaudador deliberadamente —junto con la participación de otros funcionarios del organismo— no se exigiría a la empresa petrolera de Cristóbal López y Carlos De Sousa, OIL COMBUSTIBLES, el pago del ICL, permitiendo que se acumularan sumas miles de veces millonarias de deuda con el Fisco y que frente a esta situación se le concedieran en forma ilegítima planes de facilidades de pago de índole general y particular, lo que generó una deuda a favor del Estado Nacional superior a los 8 mil millones de pesos —$8.926.740.758,91—.

Ello, mientras en simultáneo, López y De Sousa como empresarios desde el lado privado retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de préstamos —incluso con tasas inferiores a las que le otorgaba la AFIP— tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo, lo que les permitió aumentar su patrimonio, expandir su conglomerado societario financiándose espuriamente con los fondos públicos y descapitalizar a la firma que era deudora del Estado, merced del acuerdo ilícito con los funcionarios nacionales”.