El juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya hizo lugar a la imputación penal instada por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, a cargo del fiscal federal Marcos César Romero, en el marco de una audiencia de control de legalidad y formalización. La acusación fue dirigida contra el conductor de un remis, a quien se le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautor.

Al presentar el caso, el auxiliar fiscal José Rafael Lamas solicitó también la prisión preventiva del acusado, planteo que fue aceptado por el juez. El magistrado también convalidó las medidas procesales realizadas y la solicitud de otras peritajes y diligencias pendientes.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que todo se inició a partir de la denuncia radicada por la madre de la víctima en la noche del 23 de marzo pasado. Según relató la mujer, su hijo fue secuestrado ese mismo día a la tarde cuando salía de su trabajo, en un galpón comercial de la ciudad de Salvador Mazza.

De acuerdo a las actuaciones llevadas a cabo por la sede fiscal, con colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivos (UFESE), el joven fue raptado por dos sujetos a punta de pistola, tras lo cual fue trasladado de inmediato a un domicilio en territorio boliviano.

En su lugar de cautiverio, la víctima fue obligada a grabar un video mediante el cual pedía a sus familiares el pago de un rescate, consistente en una suma de dinero que los secuestradores le reclamaban a uno de los parientes y que fue producto de un asalto.

En efecto, una mujer, implicada en la maniobra, días antes del secuestro fue blanco de un robo en un depósito comercial, también en Salvador Mazza, oportunidad en que dos personas le sustrajeron 10 mil pesos y 11.800 dólares.

El dinero estaba destinado a la compra de cajas de cerveza. La vendedora de los productos era la madre del joven que luego fue secuestrado. Por este robo, la damnificada y sus familiares el endilgaron la responsabilidad a la mujer e incluso amenazaron con hacerle daños a sus hijos.

La investigación

Según lo expuesto por el representante del MPF en la audiencia ante el juez, aquellos aspectos del caso fueron probados a partir de distintas medidas dispuestas desde la fiscalía, entre ellas, intervenciones telefónicas, pedidos de informes a la Policía Técnica Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, registros fílmicos, declaraciones de testigos, allanamientos, y otras diligencias cumplidas por la Unidad de Procedimientos Judiciales y Delitos Complejos de Tartagal.

Como resultado de esta tarea, que derivó en una fuerte presencia de distintas fuerzas de seguridad, tanto en Salvador Mazza como en Bolivia, el joven secuestrado fue liberado el 24 de marzo en la zona de frontera, sin que presentara lesiones.

De manera simultánea, y por pedido de la sede fiscal, se logró la detención del conductor imputado, como también se tomaron medidas para dar con el resto de los implicados.

Al solicitar la prisión preventiva del acusado, el auxiliar fiscal Lamas fundó la medida en los riesgos de fuga, el entorpecimiento de la investigación y la naturaleza y gravedad del hecho. Consideró que todos estos requisitos, exigidos por el Código Procesal Penal Federal, están presentes en el caso, el cual aún se encuentra en una etapa incipiente.

Aunque la defensa intento resistir la aplicación de esta medida, los agravios expuestos no convencieron al juez Montoya, quien compartió los argumentos del auxiliar fiscal y ordenó que el acusado siga detenido, a la vez que resaltó la gravedad del hecho y su impacto en la comunidad.