El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Luis Rodríguez, ordenó entregar dos ambulancias al Ministerio de Salud de la Nación, en carácter de depositario judicial, que fueron secuestradas luego de un allanamiento en el marco de una causa donde se investiga a una empresa de emergencias médicas, que funcionaría de manera irregular con personal no autorizado legalmente para ejercer la medicina en el país. La causa se encuentra delegada en la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Jorge Di Lello.

La decisión del magistrado va en línea con lo solicitado por el representante del MPF. En su dictamen, la fiscalía explicó que corresponde entregar los vehículos, y enfatizó en la importancia de darle utilidad pública a los mismos, ya que dotará de más recursos al sistema de salud que se encuentra en estado de emergencia sanitaria por la pandemia del virus COVID-19.

También sostuvo que “disponer de las ambulancias en ese sentido en nada afecta la prosecución de la investigación, pues, ya registran entidad probatoria desde el momento de su hallazgo en el lugar en donde funcionaba una empresa que se presume fundadamente prestaba servicios médicos ilegítimamente”.

El representante del MPF recordó la Ley de bienes objeto de secuestro en causas penales, N° 20.785 y sus modificatorias, y explicó que el estado de la causa permite disponer de los bienes que tendrán un fin social, público y “tangencialmente científico”. La fiscalía se encuentra en el inicio de la investigación y llevando adelante diversas medidas de prueba.

En ese marco, solicitó entregar las ambulancias secuestradas al Ministerio de Salud de la Nación, como una forma de contribuir desde el sistema de administración de justicia a paliar la emergencia sanitaria. La intención perseguida es darle utilidad pública a los vehículos que se encontraban en buenas condiciones de funcionamiento al momento de su incautación, teniendo en cuenta que el pasado 20 de marzo el Poder Ejecutivo de la Nación dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio a través del decreto 297/2020, a raíz de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por la propagación del virus Covid-19. Esa medida, recordó el MPF, tuvo su fundamento en la importancia de fortalecer el sistema de salud, para hacer frente a una enfermedad de rápido contagio, y ganar tiempo para robustecer los hospitales con los insumos necesarios y proteger la vida de las y los ciudadanos.