31 de enero de 2023
31 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La causa se inició por una denuncia en 2010
Ordenan medidas para investigar al ministro Manzur por supuesto enriquecimiento ilícito
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas le ordenó a la Oficina Anticorrupción remitir copias certificadas de las declaraciones juradas presentadas por el Ministro de Salud de la Nación correspondientes a los periodos 2011 y 2012. Esta medida se basa en lo solicitado por el fiscal Carlos Brito en diciembre del año pasado.

Daniel Bejas, juez federal de Tucumán, le requirió a la Oficina Anticorrupción (dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación) que le remita copias certificadas de las declaraciones juradas presentadas por Juan Luis Manzur, correspondientes a los periodos 2011 y 2012. Esta medida había sido solicitada en diciembre pasado por el fiscal de la causa, Carlos Brito.

El juez ordenó también que se libre un oficio al Registro Público de Comercio de San Juan, a fines de que averiguar se si se encuentra inscripta una sociedad o firma denominada San Juan de Ullúm”, que pertenecería al “GRUPO BAIO”. En caso de que exista, requirió remitir la nómina de los socios que la integran.

Esta serie de medidas, solicitadas por el fiscal y ratificadas la semana pasada por el juez, son parte de una causa donde se investiga si la aceitera "Mercoplas S.A."(ahora denominada "Grupo Baio) pertenece al Ministro de Salud o a su esposa Sandra Mariela Mattar Sabio. Dicha empresa no figura entre los bienes declarados por el matrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El fiscal había solicitado, sobre la base de un artículo periodístico que presentó el denunciante, que también se requiriera la información necesaria para averiguar si se encontraba inscripta la sociedad anónima Yamil en el Registro Público. En caso de que lo estuviera, pidió que se comunicara quiénes son los socios que la integran.

Cabe recordar que Brito se había opuesto al sobreseimiento de Manzur, luego de que su defensa pidiera esa medida a partir de un peritaje realizado por un contador de la Corte Suprema, donde se asegura que el patrimonio del funcionario está justificado. El juez Bejas aún no se pronunció sobre el pedido.