El juez Gustavo Goerner, que integra de manera unipersonal el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, ordenó la captura nacional e internacional de una mujer de 49 años que se fugó a España en el medio de un debate oral donde se juzga a cuatro personas por una presunta defraudación a franquiciados de la marca de ropa “Wrangler”.

La decisión se dio luego de la exposición llevada adelante en la causa por el fiscal Sandro Abraldes, que requirió que se considere rebelde a Romina Paola Mojzeszowicz y que se le de intervención tanto a la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), como a INTERPOL, con el objetivo de que se active el protocolo de localización y detención preventiva, para concretar su extradición a la República Argentina.

La situación se descubrió cuando Mojzeszowicz no acudió a las audiencias de debate, que se encontraba prácticamente en la etapa final. Ante esto, el defensor comunicó que el último contacto que tuvo con la mujer fue el 7 de agosto y que los mensajes que le envió el 18 de agosto nunca tuvieron respuesta.

En ese marco, el titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27 indicó que Mojzeszowicz no justificó de forma alguna su ausencia. Además, aportó que según la información proporcionada por la Dirección Nacional de Migraciones, la imputada salió del país el 13 de agosto pasado desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a España, en un vuelo de la compañía Air Europa.

“No estamos, entonces, ante una mera demora ni frente a una ausencia cuya causa resulte, por ahora, desconocida. Tenemos una imputada sometida a un juicio oral en curso, que salió del territorio nacional pocos días antes de la continuación del debate, sin autorización judicial, que hoy no compareció y que, además, ha dejado de mantener contacto incluso con su propia defensa”, dijo el 21 de agosto pasado durante la audiencia el fiscal Abraldes, que le solicitó al juez la declaración de rebeldía y la orden de arresto de la acusada.

En esa línea, el magistrado Goerner ordenó la captura nacional e internacional y le comunicó a INTERPOL para que se active el protocolo de localización y detención preventiva, con el objetivo de extraditarla desde España, tal como lo indica el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España, aprobado por la ley 23.708.

El caso

Mojzeszowicz llegó a debate acusada de ser partícipe necesaria del delito de quiebra fraudulenta, que prevé una pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años.

La otra involucrada es Herminia García Sanchez, que en su rol de encargada de licencias para América Latina de "Wrangler" habría actuado como intermediaria en representación de los beneficios de dicha empresa. En ese sentido, habría generado el cese de la relación entre esa compañía y una sociedad denominada "Minicata S.A.", con el fin de perjudicar a una serie de franquiciados.

Según explicó el fiscal en el alegato donde pidió una pena de dos años de prisión para García Sanchez por el delito de “defraudación por desbaratamiento de derechos acordados”, Minicata supuestamente podía subfranquiciar y llevar adelante vinculaciones contractuales. Sin embargo, al momento de firmar los contratos de franquicias con dos querellantes y con otros damnificados de La Rioja y Córdoba, dicha empresa se encontraba en una “crisis económica financiera terminal”, por lo que todas las obligaciones asumidas se tornaron imposibles de cumplir.

De acuerdo a ese entramado, se consideró que la situación fue ocultada para provocar un perjuicio patrimonial a los damnificados, que entregaron cheques por 300 mil pesos entre agosto de 2008 y febrero de 2009 para garantizar el funcionamiento de los locales bajo la marca. No obstante, luego se estipuló que Minicata no estaba en condiciones de franquiciar, por lo que desde Wrangler intimaron a los damnificados a cerrar los comercios.

Por ello, consideró a Sánchez como una pieza clave del entramado delictivo, ya que recalcó que intervino directamente en la estrategia destinada a frustrar o desconocer los derechos generados en su papel de directiva.

En cuanto al rol de Mojzeszowicz, en la investigación se le imputó el haberse beneficiado a través de “Minicata SA” (que finalmente quebró el 3 de febrero de 2010) con el funcionamiento de un comercio situado en el barrio de Villa Crespo y que pertenecía a los acreedores. Según se señaló, la firma indicada no justificó debidamente la salida de dicho bien y para ello contó con la participación necesaria de la imputada ya que el comercio figuraba a su nombre, según surgió de los tickets de venta obtenidos con posterioridad a los hechos, donde figuraba su número de CUIT.

En el alegato, el fiscal recalcó que consideraba a Mojzeszowicz como responsable de esa parte de la maniobra pero que no iba a avanzar en un pedido de pena hasta que se le encontrara y detuviera. Hacia lo último, requirió la absolución de otros dos involucrados que llegaron a juicio.