Cuatro personas fueron imputadas ayer por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes" tras la acusación presentada por el fiscal general Francisco Snopek ante el juez federal de Garantía N°1 Julio Bavio. El magistrado hizo lugar a la imputación como así también al pedido de prisión preventiva. También estableció el plazo de investigación en dos meses y autorizó las pericias técnicas requeridas por la Fiscalía para avanzar con el caso.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, el representante del MPF informó que la detención se registró el martes pasado a las 4 de la madrugada, en la ruta 34 a la altura de la ciudad de Rosario de la Frontera, en el límite con la provincia de Tucumán. Explicó que los cuatro acusados -de nacionalidad boliviana- viajaban en una camioneta que fue detenida para el control vehicular de rutina en el puesto fijo El Naranjo, a cargo de personal de Gendarmería Nacional. Allí se advirtió la presencia de elementos sospechosos en el sector de los guardabarros traseros.

En la parte delantera del vehículo viajaba un matrimonio mientras que como acompañantes iban otros dos familiares. El conductor del rodado explicó que provenían de La Quiaca, provincia de Jujuy, y se dirigían a sus respectivos domicilios en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. En la requisa superficial de la camioneta, uno de los efectivos descubrió un tapón de goma en un sector derecho del guardabarros: al extraerlo, observaron un paquete de color negro lo que llevó a una inspección más exhaustiva. En presencia de testigos, los gendarmes extrajeron 40 paquetes de droga de ambos lados de los guardabarros que significaron un total de 43,360 kilos de cocaína. Además, se secuestraron 84 mil pesos, 100 dólares, 6 teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación del hecho.

Tras enumerar las pruebas reunidas, el fiscal Snopek solicitó que se declare tanto la legalidad de la detención de los acusados como la imputación penal por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes" y solicitó autorización para avanzar con las pericias sobre la droga y los teléfonos incautados. Requirió también la prisión preventiva para las cuatro personas por considerar latente el riesgo de fuga, ya que los acusados tendrían facilidad para entrar y salir del país sin registrarse. En ese sentido, presentó documentación donde se dejó evidenciado que durante la pandemia los imputados estuvieron en Bolivia y Argentina en varias oportunidades.

Además, reparó en el peligro de entorpecimiento de la investigación debido a que el caso recién comienza y existe una probabilidad de que los imputados adviertan a otros implicados o frustren pruebas que puedan ampliar el arco investigativo. Hizo hincapié en la gravedad del hecho y señaló: “todo indica que estamos frente a una organización transnacional con una importante infraestructura para llevar adelante operaciones de narcotráfico”.

En presencia de su defensor, los acusados declararon sobre el hecho. El conductor de la camioneta relató que habían viajado a Bolivia para visitar a familiares enfermos y que, al retornar, unas personas le ofrecieron 5 mil dólares para llevar una “carguita”. Explicó entonces que ingresaron a Bolivia de manera ilegal por el río Bermejo y dejaron la camioneta a resguardo en un lavadero en territorio argentino. Luego de permanecer unos meses, habrían vuelto por el mismo paso no habilitado. El defensor oficial no objetó la acusación ni la prisión preventiva, aunque propuso que la misma sea bajo la modalidad de arresto domiciliario para tres de los acusados, con excepción del que se hizo cargo de pactar el traslado. Hizo referencia a condiciones de arraigo de los mismos, el desconocimiento que tenían de la existencia de la droga y la necesidad de algunos de ellos, en especial de las dos mujeres, de atender a otros familiares menores de edad.

La Fiscalía, en tanto, se opuso a la modalidad propuesta por la defensa y recordó que los dichos de los acusados aún necesitan ser verificados y mencionó la facilidad que tuvieron para entrar y salir del país por pasos no habilitados. Al momento de analizar los planteos, el juez Bavio resolvió declarar la legalidad de las detenciones, dio por formalizada la imputación penal y dictó la prisión preventiva de los acusados bajo la modalidad requerida por el fiscal.