En el día de ayer, concluyeron los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal No. 1 en el marco de una causa contra un hombre acusado de haber rociado a la esposa con alcohol y posteriormente haberla prendido fuego, ocasionándole graves daños en la cara, espalda y hombros. Además, al hombre también se lo imputa por haber amenazado de muerte a una vecina que brindó auxilio y dio refugio en su departamento a la víctima hasta la llegada de los médicos y el personal policial.

El acusado, es un hombre de 37 años de edad, y la víctima, una mujer joven que se encontraba embarazada al momento del ataque. La pareja había contraído matrimonio en 2002, pero hasta el momento de los hechos sólo habían llegado a convivir por un breve período de tiempo, ya que el imputado había permanecido varios años privado de su libertad por otras causas penales en su contra.

Los hechos sucedieron en el marco de una discusión en la pareja, durante la cual pudo acreditarse que el agresor obligo a desnudar a la víctima, luego la roció con alcohol y finalmente la prendió fuego. La mujer logro apagar el fuego por sus propios medios y acudió al auxilio de una vecina y posteriormente dieron aviso al SAME.

En el marco del juicio, se pudo dar cuenta que dentro del departamento donde se cometió el ataque, el agresor impidió a la víctima requerir auxilio de servicios médicos y presenció impasible cómo la víctima se arrastraba del dolor. Posteriormente, cuando la mujer logró escapar y refugiarse en un departamento lindero, su marido intentó arrancarla del lugar mediante amenazas de muerte contra la vecina que habitaba en la casa que auxilió a la mujer.

Por último, quedó acreditado en el debate cómo el imputado intentó obstruir el acceso de los médicos del SAME a la víctima, a quienes interceptó en la puerta del edificio intentado convencerlos de que se trataba de una falsa alarma y así evitar que pudieran auxiliar a su esposa.

A través de todos los testimonios y otras pruebas vertidas en la audiencia, el Ministerio Publico Fiscal y la querella tuvieron por acreditados que el hecho que se juzga en el presente caso se encuadra en una situación de violencia de género.

En ese sentido, se pudo verificar la existencia de una denuncia previa por hechos de violencia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, y que incluso había dado lugar a la imposición de una medida de prohibición de acercamiento contra el imputado.

Asimismo, el testimonio ofrecido por la víctima ante el Tribunal permitió, no sólo reconstruir el ataque que sufrió a manos de su marido, sino también los reiterados hechos de violencia física y psicológica a la que había sido sometida desde el inicio de la pareja, y durante los periodos de convivencia con el imputado.

Durante el juicio, fue de vital importancia para asegurar la participación de la víctima en el debate y su testimonio de los hechos, el apoyo de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI) de la Procuración General de la Nación, cuyo equipo interdisciplinario asesoró y acompañó a la mujer en la tarea de relatar ante el tribunal la violencia que había padecido.

La OFAVI también intervino para facilitar la participación en la audiencia, el testimonio de la vecina que había auxiliado a la víctima, y que al día de la fecha continúa atemorizada por las amenazas de muerte que le hiciera el imputado.

Alegato

En su alegato, la fiscal Mónica Cuñarro remarcó al Tribunal la importancia de considerar este caso a la luz de las normas y de las obligaciones nacionales e internacionales que el Estado a suscrito en materia de prevención y sanción de la violencia contra la mujer.

Asimismo, la fiscal destacó en su alegato el valor del testimonio de la víctima que apoyado por otra multiplicidad de pruebas incorporadas a la causa, como el testimonio de la vecina, los médicos y el personal policial que acudieron en auxilio de la mujer, así como los informes del Cuerpo Médico Forense y los elementos secuestrados del lugar de los hechos, permiten tener por acreditados los hechos que se le endilgan al imputado y su participación en los mismos.

La fiscal solicitó que el caso sea considerado como tentativa de homicidio agravada por el vínculo en virtud del método empleado por el agresor, y sus acciones posteriores dirigidas a obstaculizar el acceso de la víctima a la atención médica necesaria para salvaguardar su vida.

En este sentido, la fiscal remarcó en su alegato cómo la intervención oportuna de los médicos del SAME, valiéndose del apoyo de personal policial y su posterior derivación a un centro médico especializado, permitieron asegurar a la mujer la atención médica urgente que impidió que su situación se agravara con el consecuente riesgo para su vida.

Finalmente, y en atención a los antecedentes de violencia de género, las circunstancias particulares que rodearon la perpetración del ataque, y la gravedad del daño físico y psicológico sufrido por la víctima, entre otros factores, la fiscal Mónica Cuñarro solicitó al Tribunal que se impusiera al hombre la pena de 15 años de prisión.

Idéntico criterio sostuvo la querella a cargo de un abogado del programa de patrocinio jurídico gratuito de la Defensoría General de la Nación. El alegato de la querella también consideró plenamente acreditados en virtud de las pruebas volcadas en el debate los hechos objeto de la imputación y su perpetración en el contexto de una relación dominada por la violencia de género.

Por su parte, la defensa oficial del acusado cuestionó la materialidad de los hechos imputados al hombre e intentó justificar las lesiones sufridas por la víctima en un accidente ocasionado a partir de un cigarrillo encendido que el imputado habría acercado al cabello de la víctima, quien habría ella misma rociado sus cabellos con alcohol.

En caso de no prosperar este planteo, la defensa solicitó que se considerara el hecho como un supuesto de lesiones graves y se atenuara la responsabilidad del esposo en virtud de su accionar en un supuesto estado de emoción violenta, aunque sin determinar con precisión las circunstancias que habrían servido de disparador a dicha reacción.

La defensa cuestionó en su alegato el valor probatorio del testimonio de la víctima, y así pretendió plantear una situación de duda respecto de los hechos acaecidos que favorezca la situación de su defendido.

Por último, escuchados los alegatos, el Tribunal Oral en lo Criminal No. 1 determinó un cuarto intermedio para deliberar y convocó a las partes para el día viernes 12 de julio a las 12 horas, para la lectura del veredicto.

El rol del MPF

En virtud de la importancia que el Ministerio Público asigna a la investigación de los hechos de violencia contra la mujer, y a la importancia de trabajar conjuntamente con los fiscales y otros operadores del Poder Judicial en la erradicación de estereotipos y patrones culturales que obstaculizan el acceso a la mujeres a una vida libre de violencia, el Programa de Políticas de Género también brindó asistencia técnica a la fiscal del caso, y participó en la audiencia durante la cual tuvieron lugar los alegatos.

Finalmente, el Ministerio Público aguarda con atención la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal No. 1, en un caso que por su trascendencia social excede a las partes, y se vincula a los esfuerzos que desde diversos ámbitos se desarrollan por asegurar el adecuado cumplimiento de la obligación estatal de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.