Fernando Fiszer, titular de la Fiscalía Criminal de Instrucción N°8, junto a Marcelo Colombo, responsable de la Procuraduría de Trata de Personas, habían solicitado el procesamiento del Comisario Roberto A. Cabrini, de los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo O. Martínez, y del Subinspector Sergio D. Rodríguez, por fraguar actas de inspección y declaraciones testimoniales en procedimientos policiales donde se investigaba el funcionamiento de prostíbulos en locales nocturnos del barrio de Flores.

Si bien la jueza de primera instancia había decretado la falta de mérito para los imputados, los fiscales apelaron la decisión, la cual fue revocada por la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

Una vez devueltas las actuaciones, la jueza de instrucción, haciendo propios los argumentos de la fiscalía, dictó el procesamiento de los mencionados policías, por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica en instrumento público, al encontrarlos responsables de falsificar las actas de inspección a locales nocturnos donde, bajo la fachada de bares, se explotaba la prostitución de mujeres. Asimismo, se los responsabilizó por armar declaraciones testimoniales falsas de personas que sostenían que en los locales inspeccionados no había mujeres prostituídas, cuando en realidad dichos testimonios fueron inventados del principio a fin. Para armar esas declaraciones falsas, tomaron los datos de personas que habían concurrido a la seccional nro. 38 para realizar otros trámites muy distintos (certificación de firmas o denuncia de pérdida de documentación, etcétera).

Por su parte, los defensores de los efectivos policiales apelaron la decisión de la Cámara, por lo que se convocó a una audiencia de ampliación de fundamentos, celebrada el 4 de junio. En dicha oportunidad, los abogados pidieron la revocación del auto de procesamiento, al sostener que éste había sido dictado por una jueza subrogante, en un tiempo tan corto, que no le habría permitido interiorizarse completamente de la investigación. Por otra parte, los letrados dijeron que la investigación desarrollada por la Fiscalía, con la asistencia de la Procuraduría de Trata de Personas, constituía una “acusación amplia y genérica, carente de pruebas”, y sostuvo que los oficiales no denunciaron los hechos, pues actuaban en cumplimiento de las directivas brindadas por la fiscalía de turno, que indicaba sólo la iniciación de investigaciones tendientes a determinar la existencia de prostíbulos y trata de personas cuando fueran denunciadas por personas determinadas, y no por tomar conocimiento a través de folletería o avisos de prensa.

Los fiscales Colombo y Fiszer, junto con el fiscal de Cámara, Sandro Abraldes, efectuaron el pertinente descargo. El titular de la Procuraduría especializada sostuvo que los policías no sólo incumplieron una directiva que los compelía a verificar la existencia de prostíbulos encubiertos en la jurisdicción, sino que además falsificaron actas de inspecciones y declaraciones testimoniales; y agregó que era inverosímil que alegasen desconocer la existencia de los locales, cuando estaban a la vista de todo el mundo, pues uno de ellos, denominado Dolly’s, se encontraba visiblemente funcionando sobre la Av. Directorio, una de las arterias más importantes de la jurisdicción. Destacó a su vez, como prueba del hecho, el análisis del tráfico de comunicaciones realizado sobre los teléfonos de los dueños de los prostíbulos y los oficiales de la Policía. El fiscal sostuvo que “el resultado reveló que los cuatro agentes policiales mantuvieron constante y muy fluida comunicación telefónica con los dueños de los prostíbulos Dolly’s y Envidia, durante el tiempo en que encubrieron su actividad ilegal” y agregó que “no sólo confeccionaron actas de control falsas, inventaron declaraciones testimoniales de personas que se acercaron a la Seccional para realizar otros trámites (a quienes les usaban la identidad) sino que, además, hablaban cotidianamente con las personas encargadas de regentear los prostíbulos”.

Por su parte, el fiscal Fiszer rebatió uno de los argumentos de la defensa sobre la presencia de los oficiales en la jurisdicción, al sostener que las fechas de traspaso de personal pueden diferir de lo obrante en el legajo laboral, por lo que no podía sostenerse que los policías no revestían funciones en la jurisdicción –porque en su legajo decía que trabajaban en otro área- cuando sus firmas obraban en las actas cuestionadas.

Como corolario de la presentación del Ministerio Público, el fiscal Abraldes negó el planteo efectuado por una de las defensas, respecto a una supuesta filtración de prensa de parte de los fiscales instructores, y sostuvo que “Fiszer y Colombo son dos fiscales sumamente serios que mostraron, en todo momento, un gran compromiso con la investigación, por lo que no resulta atendible el cuestionamiento genérico e impreciso, de una de las defensas (…) En todo caso, si los medios de comunicación brinda un espacio importante a estos casos, ello se debe al cambio de valoraciones sociales, conforme el cual se pretende que la agencia policial esté al servicio real de la comunidad y no para encubrir actividades ilícitas”.

Luego de celebrada la audiencia los jueces de la Sala IV dispusieron el plazo de rigor para resolver los planteos de la defensa. Actualmente se está a la espera de la resolución respecto a si la Sala hace lugar al pedido de los defensores, o si mantiene la condena dispuesta sobre los fundamentos brindados por los fiscales.