La Fiscalía de Instrucción en lo Criminal N° 39 de la Capital Federal, a cargo de Paula Asaro, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que se investiga el accidente que el 29 de enero provocó la muerte de la joven de 22 años Leonela Noble, luego de que el taxi conducido por Rubén Botta impactara con varios vehículos en el barrio porteño de Recoleta.

Para Asaro, el análisis de las circunstancias que rodearon al hecho permite concluir que mientras Botta manejaba su taxi sufrió un cuadro de hipoglucemia a raíz de su diabetes, pero que fue “causado por su comportamiento imprudente antecedente de no respetar el plan alimenticio recomendado por su médica tratante”.

En definitiva, la fiscalía consideró que la imprudencia del caso “se manifestó inmediatamente antes de emprender la conducción del taxi en la zona de los hechos y se ve caracterizada por el no cumplimiento de las pautas médicas atinentes a la clase de diabetes que padecía”, ya que ese día el taxista no desayunó ni se alimentó con la frecuencia en que se lo había indicado su médica de cabecera. Además, no llevaba consigo el tester para controlar los niveles de glucemia en sangre y aplicar la insulina según los niveles registrados. Ello habría derivado en la pérdida de control de sus acciones durante el período de tiempo en que embistió con su taxi al resto de los vehículos y causó las lesiones de siete personas y la muerte de Noble.

Por otro lado, la fiscal discrepó en parte con la Sala VII de la Cámara del Crimen, que había señalado que “el acto culposo decisivo no radica en la pérdida de capacidad de control del auto sino al continuar un viaje en un estado de hipoglucemia grave y no detenerse en el instante en el cual puede reconocer su incapacidad para conducir”. Al respecto, Asaro sostuvo que si bien Botta ya había perdido la capacidad de controlar el auto, no le era exigible ningún deber de cuidado de allí en más -tal como sostuvo la Cámara- pues, por el principio in dubio pro reo, hay que presumir que cuando el taxista “registró los síntomas del cuadro de hipoglucemia ya no poseía capacidad integral de dirección de sus acciones”.

“En síntesis, en el caso Botta pudo prever el resultado lesivo pues conocía su condición de diabético, conocía qué conducta debía seguir por indicación médica (deber de cuidado) y, además, ya había sufrido episodios anteriores que motivaron su consulta a la médica de cabecera (…). Podía adecuar su conducta al mandato debido y no lo hizo”, concluyó la representante del Ministerio Público Fiscal. También se determinó que, al tiempo de tramitar su licencia de conducir, "ocultó su condición de diabético insulinodependiente ante las autoridades encargadas de expedirle la licencia habilitante, puntualmente ante el profesional médico encargado de examinarlo de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° de la ley 4414".

En su requerimiento de elevación a la jueza subrogante Silvia Nora Ramond, Asaro enumeró 140 elementos probatorios, entre los que se cuentan las declaraciones de testigos, de la médica de Botta e informes forenses, entre otros.