La responsable de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, requirió la elevación a juicio de la investigación seguida contra un hombre en orden al delito de tentativa de contrabando de exportación de moneda de curso legal en cantidades prohibidas.

En la tarde del 9 de abril de 2014, el acusado –que se desempeña como contador y gerente de la sucursal “Montevideo” del Banco de la Nación Argentina- llegó hasta el Asiento del Resguardo del Puente Internacional “General Artigas”, que une las ciudades de Colón y Paysandú, a bordo de su vehículo Renault Megané.

Al pasar por el control de rigor, una agente aduanera le preguntó sí trasladaba mercaderías o dinero que debiera declarar, a lo que el imputado respondió negativamente. Sin embargo, al inspeccionar el vehículo, la agente le pidió al conductor que bajara unos elementos que había en el baúl del rodado, momento en el que advirtió que el imputado tenía unos bultos en la espalda, ocultos debajo de su ropa.

Así, el hombre fue trasladado a la oficina de la Aduana donde, en presencia de un testigo, le incautaron varias fajas que contenían 476.550 pesos argentinos, las cuales tenía adosadas a su cintura, abdomen y en las botamangas y bolsillos de sus pantalones. Dicha suma excede el monto permitido por la Resolución General de la AFIP N°2705/2009 y su modificatoria Resolución General 3010/2010.

En virtud de las pruebas colectadas durante la investigación que inicialmente estuvo a cargo de la fiscal María de los Milagros Squivo, ahora su colega María Josefina Minatta requirió que el imputado sea sometido a juicio oral y público como autor del delito de contrabando de exportación de moneda de curso legal en cantidades prohibidas, en grado de tentativa. Asimismo, sostuvo que la justificación brindada por el encartado “de que llevaba el dinero repartido por cuestiones de seguridad, no le exime de responsabilidad, pues por su calidad de asiduo migrante, contador público y gerente de la sucursal Montevideo del Banco de la Nación Argentina a la época de los hechos, no podía desconocer la normativa aplicable y relativa al legal egreso de moneda del país, por lo que su conducta evidencia un cabal conocimiento del procesado de la ilicitud de su accionar”.