Néstor Adrián Rigonatto, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Quilmes, cuya titular es Silvia Cavallo, investiga la denuncia efectuada por la diputada nacional Elisa Carrió contra el intendente del Municipio de Florencio Varela, Julio César Pereyra, y allegados a él, por el incremento de sus patrimonios durante su gestión, que comenzó en 1992.

En su presentación, Carrió denunció que el nivel de vida de Pereyra no se condice con sus ingresos como intendente: alquila una propiedad en Puerto Madero para su ex mujer, ha realizado numerosos viajes al exterior, posee varios vehículos de alta gama y habita una casa en el Partido de Florencio Varela, la cual está a nombre de una sociedad.

Asimismo, la denunciante refiere que el enriquecimiento del funcionario no puede desligarse del manejo de fondos públicos que le fueran remitidos por el Gobierno Nacional, entre los años 2003 y 2015, destinados a la inversión en obra pública y programas sociales. También cuestiona una serie de contrataciones directas realizadas por el Municipio. Por ello, Carrió sostiene que Pereyra y su entorno utilizaron las obras y servicios públicos de Florencio Varela como vehículo para que por medio de cooperativas fantasmas o controladas por gente de su círculo íntimo, se desviaran y sustrajeran fondos públicos.

Al ser consultada, la fiscalía impulsó la acción penal a fin de determinar si Pereyra incurrió en los delitos de fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales, al tiempo que sugirió al Juzgado Federal de Quilmes una serie de medidas de prueba tendientes a esclarecer los hechos denunciados.