En el pedido de indagatoria, el fiscal señaló que el 20 de diciembre de 2012, la AFIP había denunciado ante la cámara federal que, en el marco de las tareas de prevención y control de empleo no registrado, constató el funcionamiento de dos talleres textiles clandestinos, ambos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

En el lugar trabajaban diez personas en condiciones de “empleados cama adentro”, en pésimas condiciones de higiene, con un sueldo de aproximadamente $2500, de los cuales $1000 eran retenidos para la comida y vivienda. Asimismo, y a partir de la intervención de la fiscalía no sólo se comprobó la existencia de ambos talleres textiles, sino que se conoció que había un tercer taller, también ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a esta situación, el juzgado dispuso el allanamiento de los tres domicilios. Durante el procedimiento, se encontró dinero en efectivo, cuatro máquinas de coser, talonarios de factura “C” a nombre del dueño de la casa, y bultos de ropa con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino (las últimas dos son marcas propias de Falabella). Por último, la Dirección Nacional de Migraciones determinó que los 10 trabajadores, todos de nacionalidad peruana, se encontraban en situación migratoria regular en el país.

En otro de los edificios, se verificó que funcionaba un taller textil que tenía, para ese tiempo, doce máquinas de coser. Al momento del allanamiento, se encontraban presentes cinco personas, cuatro ciudadanos de nacionalidad peruana, y otro de nacionalidad boliviana en situación migratoria irregular. También se encontraron prendas sin terminar, con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino, idénticas a las halladas en el otro taller.

Los inspectores de la AFIP que participaron de los allanamientos, señalaron que los empleados de uno de los talleres vivían ahí, y confeccionaban todo el tiempo. Incluso desconocían las calles del barrio. “Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios”, dijo una de las inspectoras, que agregó que el olor a encierro "era terrible, no había ni una ventana abierta”. A su vez, los inspectores añadieron que las grandes tiendas como Falabella suelen contratar a talleres que subcontratan a otros talleres más pequeños. Al respecto, el fiscal Federico Delgado explicó que “las empresas mantienen el trabajo de diseño, comercialización, imagen, moldería y corte, mientras que tercerizan la confección, terminaciones y planchado directamente en talleres clandestinos o a través de talleristas intermediarios”. Estos últimos se ocupan de subcontratar a trabajadores a domicilio o a otros talleres. Para el fiscal, “esta dinámica se inscribe en una lógica muy sencilla: abaratar costos para aumentar la tasa de ganancia. En sí mismo ello no tiene nada de extraño, pero en este caso tiene un condimento particular, porque esa dinámica se nutre del trabajo esclavo”.

Delgado señaló que se logró desentrañar toda la cadena de comercialización que surge de la esclavitud. En este sentido, explicó que el nexo entre Falabella y los talleres textiles allanados, es la firma SIFAP S.A., que funciona desde 1943 bajo el rubro de taller de estampados. El dueño de SIFAP S.A. es Héctor Mitelman y el presidente de la sociedad es Gustavo Mitelman. Las averiguaciones practicadas por los policías que colaboraron con la investigación arrojaron que la firma, efectivamente, es proveedora de Falabella.

Para Delgado, esa circunstancia fue probada de manera inequívoca “en virtud del hallazgo en los talleres mencionados de rollos de etiquetas a nombre de Falabella S.A., que contienen la inscripción de códigos de barra o de productos”. Precisamente, esas identificaciones condujeron en la investigación a la firma SIFAP S.A. En el escrito, el fiscal añade que “el camino, para clarificarlo, era el siguiente: talleres clandestinos - SIFAP - Falabella. El significado, la venta al público de mercadería fabricada por trabajo esclavo”.

Ahora en la causa, la justicia espera tomar declaración indagatoria a Juan Luis Mingo Salazar, Presidente de Falabella, a Héctor y Gustavo Mitelman, titular y presidente respectivamente  de SIFAP, la empresa que sería el nexo entre la firma y los talleres, y a la persona que figuraba como dueño de los talleres.