El fiscal federal de Rafaela, Federico J. Grimm, pidió declarar nula la resolución del juez federal de dicha jurisdicción, Miguel Abasolo, en la que denegaba la aplicación del trámite de flagrancia para dos hombres que transportaban 80 kilos de cocaína, ocultos en una carga de porotos.

El 7 de marzo pasado, personal de la Sección Seguridad Vial “Ceres” de la Gendarmería Nacional, realizaba un operativo público de prevención en el kilómetro 387, de la Ruta Nacional N°34, cuando detuvo un camión con semirremolque, en el que viajaban el chofer Juan Ramón Leal, y su acompañante, José Luis Romero, desde la ciudad salteña de Embarcación hacia la localidad santafesina de Tapiales.

Tras verificar la documentación del camión y al revisar la carga, que consistía en bolsas de porotos, los gendarmes advirtieron que en el parte delantera del semirremolque había bolsas que estaban acondicionadas de un modo distinto. Tras remover las primeras bolsas, los efectivos descubrieron un bidón plástico de 20 litros y seis bolsas de arpillera en los que estaban distribuidos 76 paquetes clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 80.192,53 gramos.

Al ser consultado, el fiscal Grimm ordenó que se imprimiera el trámite de flagrancia, dado que los hombres habían sido sorprendidos trasladando estupefacientes. Sin embargo, en su decreto del 8 de marzo, el juez federal de Rafaela, Miguel Abasolo, dispuso que se exceptuase la aplicación del régimen de flagrancia y tramitase bajo las normas del procedimiento común, sobre el argumento de “la complejidad de la causa, y a su futura posible vinculación a otras pesquisas”, al tiempo que ordenó las indagatorias de los dos detenidos.

Ello motivó que el fiscal  solicitara declarar nulo el decreto del juez y presentara un recurso de apelación en subsidio. En tal sentido, sostuvo que dicha resolución “causa un gravamen irreparable a este Ministerio Público Fiscal toda vez que adolece de nulidad por cuanto en la misma el magistrado se aparta determinantemente de lo expresamente previsto en la ley, y de la determinación tomada por esta parte conforme a derecho, más allá de la falta de fundamentación suficiente (…) afectándose el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento rápido en el proceso que se le sigue, el principio acusatorio con los alcances previstos en la ley 27.272…”.

En tal sentido, la causa no presentaba ninguna complejidad que permitiera el apartamiento del régimen de flagrancia. Asimismo, cuando la fiscalía opta por la imposición de dicho régimen, esta sólo puede ser dejada de lado a pedido de la defensa, en la audiencia prevista a tal fin, en el marco de la Ley 27.272.

Ahora, el Tribunal de Alzada deberá resolver si hace lugar a lo requerido por la fiscalía, o si mantiene el criterio adoptado por el juez federal de Rafaela.