Beute presentó la acción inhibitoria el 30 de julio para evitar que el Juzgado de Instrucción provincial N°5 continúe con la investigación. Esto es porque entiende que una muerte violenta (como lo es un suicidio) ocurrida en una penitenciaria federal afecta el buen servicio que debe brindar el Estado a las personas detenidas.

La fiscal argumentó que el Servicio Penitenciario Federal debe “velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental”.

Otro de los argumentos por lo que Beute solicitó la competencia federal al Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Gustavo Villanueva, es para que se determine la responsabilidad de los empleados del Servicio Penitenciario Federal, que son los que tienen a cargo “la vida e integridad física de las personas detenidas”.

La fiscal citó en su escrito un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación donde se describe que los suicidios de personas alojadas en las cárceles en muchos casos son por “la reproducción de una política penitenciaria reconocible y reconocida: la sectorización y aislamiento extremo” y  por “la ausente política de asistencia psicológica y psiquiátrica”.

Cristian Eduardo Alarcón fue encontrado sin vida el 17 de julio de este año en una de las celdas del pabellón N°10 de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal. Ya registraba antecedentes de intentos de suicidio, el último de ellos ocurrido el año pasado en la misma Unidad N°9