16 de junio de 2024
16 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación conjunta de los fiscales Boquín y De Vedia
Pidieron a la ANSeS informar sobre las condiciones de los créditos del Programa Argenta
Los titulares de la UFISES y del Programa de Protección de Consumidores y Usuarios requirieron al organismo que brinde la información, luego de que un jubilado denunciaría discrepancias en los datos dados en distintas plataformas

En una presentación conjunta, la titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional en lo Comercial y del Programa de Protección de Consumidores y Usuarios, Gabriela Boquin, y el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, requirieron al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Emilio Basavilbaso, que aclare las plataformas en las que se brinda la información oficial respecto a los términos y condiciones de los créditos del “Programa Argenta”.

En tal sentido, y a fin de evitar situaciones que puedan afectar los derechos de los consumidores jubilados, los representantes del Ministerio Público Fiscal le sugirieron que se aclare y especifique a todos los beneficiarios cuáles son los sitios web oficiales y sedes físicas que brindan información sobre el Programa Argenta. Asimismo, recomendaron que se incluyan en esos sitios un modelo contrato “tipo”, para que los futuros solicitantes de préstamos puedan constatar la concordancia con los datos brindados personalmente en las centrales de atención.

También, pidieron al organismo información sobre los canales de reclamo viables frente a ANSES y/u otros organismos, y que se dispongan las medidas necesarias para dar de baja los sitios web que brinda información no fidedigna en relación a las prestaciones, servicios y/o beneficios otorgados por el ente de Seguridad Social.

La investigación que motivó la presentación se inició el pasado 7 de marzo, cuando un jubilado denunció ante la UFISES que, con el fin de obtener información para acceder a un préstamo en dinero del “Programa Argenta”, consultó la “tabla de cuotas” publicada en el sitio de Tarjeta Argenta, telefónicamente a la línea 130 de atención de la ANSeS y concurrió a la Unidad de Atención Integral -UDAI- de la localidad de San Cristóbal. La información brindada en dichos lugares difería entre sí, pues le informaron distintos montos, intereses y costos, todo lo cual motivó que no pudiera saber cuáles son las condiciones reales del préstamo, previo a su contratación.

El fiscal De Vedia le dio intervención al Programa de Protección de Consumidores y Usuarios, para que opinara respecto a la posible vulneración de los derechos de los consumidores. En su dictamen, la fiscal Boquín consideró “que la situación subyacente que vinculaba jurídicamente jubilado y a la Anses, en su carácter de proveedor de préstamos personales en el marco del ´Programa para Jubilados y Pensionados Argenta´, estructura dependiente de la misma, configura una relación de consumo lo que determina, como lógica consecuencia legal, la aplicación inmediata de todo el bagaje normativo que comprende a la protección de los consumidores y usuarios”.

En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “el deber de información impuesto por la Ley de Defensa del Consumidor, la doctrina y jurisprudencia señala que el proveedor de la relación de consumo está ‘constreñido a transmitir a la otra parte, la información respecto de aquello que resulta necesario y útil para la toma de decisiones respecto del acto de consumo, evaluar los riesgos propios de la contratación, optimizar el aprovechamiento de los intereses en juego y evitar los daños que eventualmente deriven, del intercambio de bienes y servicios’”. Agregó que si bien todos los consumidores gozan de la presunción de su debilidad y vulnerabilidad, en la relación de consumo, hay ciertas categorías, definidas por Mosset Iturraspe y Lorenzetti como “subconsumidores” que son aquellos que por su edad, estado de salud, escaso nivel cultural o carencias económicas pueden ser objeto de abusos aún mayores.

Sobre el análisis de las actuaciones, la fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial concluyó que el “Programa Argenta-ANSeS” no informaba de manera previa a la celebración del contrato la totalidad de los términos y condiciones de los servicios que ofrecía.