El fiscal federal Leonel Gómez Barbella dictaminó que corresponde desestimar y archivar la denuncia realizada por el senador Fernando “Pino” Solanas contra el ministro de Economía de la Nación, Axel Kiciloff, por las negociaciones llevadas adelante con el Club de París en la regularización de la deuda.

Gómez Barbella indicó en el escrito dirigido al juez Julián Ercolini que el titular del palacio de hacienda “se encontraba autorizado a encabezar las negociaciones de la deuda con el ‘Club de París’, sin que haya transgredido su función”. La denuncia de Solanas -a la que adhirieron los legisladores María Magdalena Odarda, Alcira Argumedo y Fabián Dulio Rogel- consideraba que se impidió controlar la correcta asignación de recursos del Estado. Para el fiscal, “el núcleo fáctico descripto no cumple siquiera mínimamente con elementos objetivos, concretos y directos que conlleven a atribuir algún tipo penal”.

El representante del Ministerio Público recordó que a través del artículo 2 del Decreto 1394/08, el Poder Ejecutivo dispuso encomendarle al Ministro de Economía la cancelación de la deuda total contraída con el Club de París, requiriendo la colaboración del BCRA. Además, en el artículo 3 la norma le otorga facultades para “adoptar medidas necesarias a fin de poner en ejecución la manda indicada”. De esa forma, para Gómez Barbella “no se advierte de modo alguno un abuso funcional en la tarea desarrollada por el ministro Kicillof, pues aquí ha mediado una orden directa, escrita y documentada del Poder Ejecutivo, sin que se evidencie que el proceder denunciado haya trascendido estos límites”.

Por otra parte, rememoró que el  Congreso Nacional “ha ido delegando en el Poder Ejecutivo la negociación, reprogramación y pago de deuda e intereses” porque había “devenido de cumplimiento casi imposible, dado la magnitud que aquella deuda ha adquirido durante décadas”. En cuanto a los compromisos externos, más precisamente, señaló que el PEN,  “como jefe del Estado, puede ejercer esa atribución en el marco del artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional”. Además, “la orden de negociar fue dictada al amparo de la ley de Presupuesto 2014”, resumió.

Gómez Barbella expresó también que se cumplió con los deberes de información y transparencia, ya que “no sólo se han evacuado las consultas efectuadas por distintos legisladores”, sino que “se ha puesto al alcance de toda la población la información que permite conocer las particularidades que rodean a las negociaciones y los montos de deuda que se tuvieron en cuenta”, en referencia a diversos documentos publicados en la web.

El fiscal arribó a esa conclusión tras analizar documentación obtenida en una serie de diligencias solicitadas al magistrado, entre las que se cuentan CD’s remitidos por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dando cuenta de las explicaciones presentadas al Congreso de la Nación; las transcripciones de las audiencias en la Cámara de Diputados en las que el jefe de Gabinete hizo saber las diferentes rondas de acuerdo; el informe enviado por la Dirección de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación respecto de los montos de la deuda mantenida con el organismo internacional desde 1983 a la fecha, discriminados de acuerdo al capital adeudado e intereses en cada ejercicio y la remisión de copia certificada de las constancias referidas a las Rondas I a V; y finalmente, el detalle de los rubros negociados aportado por el Banco Central (BCRA). Para esa tarea contó con la colaboración de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), a cargo de Judith König.