La titular de la Fiscalía Nacional de Menores N°2, María Eugenia Sagasta, envió un oficio al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, a fin de solicitar la implementación de un protocolo de intervención para prevenir y resolver situaciones extremas con riesgo de vida, atendiendo a la particular situación de los menores de edad alojados en Institutos para Menores, como también a quienes trabajan allí.
El pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal se produce en el marco de la investigación por el motín ocurrido en la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril pasado, en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Roca, ubicado en la calle Segurola 1601, en el barrio porteño de Floresta.
Aquel día, cerca de las 22:30, diez internos del Sector 4 del instituto iniciaron una protesta que trasladaron hacia el resto de las instalaciones. Así, 32 jóvenes de entre 16 y 17 años que se alojaban en el Centro tomaron de rehenes a los celadores y personal; y luego destruyeron parte del mobiliario e incendiaron algunos colchones, documentación y objetos del lugar. También, irrumpieron en el despacho del director y robaron los estupefacientes que allí se hallaban incautados, producto de distintas requisas.
El motivo de la revuelta fue fugarse del Instituto, para lo cual los jóvenes fueron controlando los distintos espacios del establecimiento hasta llegar al patio, donde incendiaron el automóvil de uno de los guardias y embistieron el portón principal con una camioneta de la SENAF. Si bien la reja cedió unos metros, los jóvenes no pudieron salir porque efectivos de la Comisaría N°43 habían colocado un patrullero de barricada.
Personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina negoció con los amotinados, quienes se fueron entregando de a poco, hasta que alrededor de las 8:00 del 17 de abril, los efectivos policiales recobraron el control del instituto y rescataron a los celadores y demás internos que no se plegaron al reclamo.
En su presentación ante la titular del Juzgado Nacional de Menores N°6, Adriana Leiras, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “sin perjuicio que como resultado de los violentos hechos investigados en autos no hemos tenido que lamentarnos vidas, lo cierto es que los riesgos físicos y las consecuencias psíquicas sufridas así como también las cuantiosas pérdidas materiales que se produjeron en las instalaciones del Centro Cerrado Manuel Rocca, ameritan cuanto menos, implementar de manera urgente un protocolo de intervención que prevea las acciones por parte de la autoridad competente ante situaciones extremas con riesgo de vida como las aquí ventiladas, atendiendo a la particular situación de los menores de edad que se alojan como así también a las personas que trabajan cumpliendo diferentes funciones”.
Asimismo, en su dictamen, Sagasta también solicitó incrementar la dotación del personal de seguridad y vigilancia en dichos ámbitos, dado que, en el caso del Centro Rocca, había poco personal, o quienes cumplían funciones el día de los hechos, habían trabajado más horas de las previstas para sus turnos.
Por otra parte, la fiscal solicitó la extracción de testimonios y su remisión a la Justicia Federal a fin de que se investiguen los posibles delitos de acción pública en los que en los que se encontrarían involucrados funcionarios públicos por la cantidad de droga existente en el Instituto y “por la falta de personal, los procedimientos y la regularidad con la que habían sido dispuestas las requisas del Centro Rocca tanto de los internos como de los familiares, las llaves de las puertas de los distintos sectores y los sistemas de seguridad con que contaba el instituto, como así también la distribución interna para el alojamiento de los jóvenes infractores a la ley penal dentro del mismo, todo lo cual a criterio de la Suscripta hubiera menguado las consecuencias de los hechos ocurridos en la noche del 16 de abril de 2016 y madrugada del día siguiente”.