El fiscal federal Franco Picardi requirió la elevación a juicio de dos personas acusadas de realizar casi una veintena de amenazas de bomba por teléfono al Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA). Tras la realización de numerosas medidas de prueba como intervenciones telefónicas, listados de llamados entrantes y salientes -tanto del conmutador receptor de las amenazas como de las líneas involucradas-, allanamientos y eventuales detenciones, entre otras, el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5 consideró completa la etapa de instrucción de la causa respecto de dos jóvenes de 20 y 21 años, a quienes se le imputa el delito de intimidación pública.

La pesquisa de la causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que contó con la colaboración del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA) para recabar los diversos elementos probatorios. Así, en los allanamientos practicados en los domicilios de los imputados -en Lomas de Zamora y el barrio porteño de Caballito- se encontraron en total 20 teléfonos celulares -incluidos los utilizados en las llamadas- y chips de líneas telefónicas prepagas.

Las amenazas

Las intimidaciones que se le atribuyen a los acusados forman parte de las 48 que se sucedieron entre junio de 2015 y los primeros días de mayo de este año en el predio ubicado en la Avenida del Libertador 8151 de la Capital Federal, como así también en los “servicios de emergencias 911 y que iban dirigidas en perjuicio de dicho predio". Así lo había reseñado el fiscal federal Picardi ante el juez Luis Rodríguez, quien dictó los procesamientos. Durante las llamadas se propiciaban amenazas a la vida y a la integridad física de las personas que formaban parte del Ente Público, lo que provocó temor y alarma. “Van a volar por el aire”, “van a volar todos a la mierda” y “hay una bomba en el predio” fueron algunas de las intimidaciones proferidas en las comunicaciones.

El costo económico de los operativos de seguridad desplegados para la inspección del lugar y la evacuación de 1500 personas en cada oportunidad rondó los tres millones de pesos. Además, implicó el cese de las actividades que se encontraban previstas para cada uno de esos días. Por tal motivo a los imputados se les trabó embargo por esa suma de dinero.

“Me lo compré para hacer una amenaza”

Una conversación de Whatsapp entre uno de los imputados y su novia fue elocuente. La joven le preguntó a su pareja “qué hacía un chip ‘Claro’ en su pantalón de trabajo”. La respuesta del acusado fue terminante: “Ese me lo compré para hacer una amenaza jaja”.

 Al momento de dictar los procesamientos, el magistrado tuvo en cuenta un informe realizado por la PFA a pedido de la fiscalía, en el que se dio cuenta de que el costo económico de los operativos de seguridad desplegados para la inspección del lugar y la evacuación de 1500 personas en cada oportunidad rondó los tres millones de pesos. Además, implicó el cese de las actividades que se encontraban previstas para cada uno de esos días. Por tal motivo a los imputados se les trabó embargo por esa suma de dinero.

“El acervo probatorio reunido durante la instrucción del presente sumario resulta suficiente a juicio del suscripto para tener por acreditada la responsabilidad de los imputados en cuanto a los hechos que se le reprochan”, consideró Picardi. En consecuencia, le solicitó al juez Rodríguez que “decrete parcialmente la clausura de la instrucción” de la causa y se remitan las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal que corresponda para que se lleve a cabo el juicio oral pertinente. Finalmente, requirió que se extraigan testimonios para continuar con la investigación.