La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Carlos Rívolo, solicitó la elevación a juicio de una causa por intimidación pública iniciada a raíz de una amenaza de bomba dirigida a un boliche en el barrio porteño de San Telmo. El hecho, que ocurrió en noviembre del año pasado, motivó la evacuación de alrededor de dos mil personas que se encontraban en el lugar, el cese de las actividades y la realización de la inspección correspondiente por parte de la Brigada de Detección de Explosivos de la Superintendencia Federal de Bomberos.

En el proceso se encuentra imputado un joven de 18 años. De acuerdo a la pesquisa, el 20 de noviembre de 2017 realizó tres llamados -a las 03:52, 03:57 y 04:03- desde su celular al 911, en las que refirió que en el local Museum había una bomba y tres personas armadas, “con el fin de infundir temor público”. Ante ello, personal de la Comisaría 2ª evacuó el edificio y la Brigada de Bomberos puso en marcha el operativo, en el que se inspeccionaron los cuatro niveles del boliche. Ese dispendio de tareas “permitieron descartar la presencia de material explosivo alguno”, señala el requerimiento.

Cuando llegaron los agentes policiales, el imputado los abordó y les preguntó “¿Hay una amenaza de bomba y personas armadas?”. Como no había forma de que supiera el motivo exacto de su presencia allí, constataron que las comunicaciones se habían hecho desde su teléfono llamando al número identificado en el 911. “Es que no me dejaron entrar al boliche”, admitió el joven. El procedimiento fue presenciado por dos testigos y se plasmó en un acta.

Al analizar los elementos de prueba incorporados durante la instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los hechos detallados encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal. “El medio elegido por el imputado para suscitar la alarma fue idóneo en tanto fue dirigido a una dependencia estatal especializada en la recepción de denuncias, en dar las primeras instrucciones frente a los distintos tipos de emergencias y derivar el pedido o denuncia a las reparticiones públicas o privadas con competencia”, explicó el fiscal federal al analizar el tipo penal en cuestión.