La titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo, impulsó la acción penal contra el ex canciller Héctor Timerman; el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Fernando Villanueva; el intendente de Florencio Varela, Julio César Pereyra; y la integrante de la Auditoria General de la Nación, Vilma Noemí Castillo, por irregularidades en torno al convenio suscripto entre la UNAJ y el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 7 de marzo por la apoderada de la diputada nacional Elisa María Avelina Carrió, en la que daba cuenta de las irregularidades relativas al citado convenio respecto a la falta de rendición de dinero por arte de la Universidad Arturo Jauretche y que fuera girado por el FOCEM y el Estado Nacional para la construcción de varios laboratorios.

El Consejo del Mercado Común, mediante decisión N°45 del 6 de diciembre de 2013, aprobó el proyecto del “Polo Desarrollo Local y Regional – Universidad Nacional Arturo Jauretche” por un monto de 26.529.281,55 dólares, de los cuales 13.951.400 dólares serían financiados con recursos del FOCEM y lo restante –12.577.881,55 dólares- por la República Argentina.

El dinero estaba destinado a la construcción de diecisiete aulas-laboratorios -cinco para el área de Ingeniería Industrial, cuatro para el área de Electromecánica, siete para el área de Bioingeniería y uno para el área de Física- y el convenio fue suscripto por el rector Villanueva, responsable del organismo ejecutor de los fondos.

El 27 de junio de 2013 la UNAJ y el FOCEM firmaron un convenio por el cual la casa de estudios recibió 17.000.000 de dólares como aporte no reembolsable para la construcción del Proyecto, según se desprende de un informe de la Federación Argentina de Municipios (FAM), entonces presidida por el intendente del Municipio de Florencio Varela, Julio Pereyra. Asimismo, en cabeza de Vilma Castillo –en su calidad de integrante de la AGN- recayó la obligación de auditar las obras y realizar la respectiva rendición de gastos.

Sin embargo, a pesar de haber recibido el dinero del FOCEM, de los 17 laboratorios sólo se habrían construido dos y las obras de infraestructura e insumos presupuestados no fueron ejecutados.

En virtud de las pruebas presentadas, la fiscal Cavallo requirió que se investigue a los funcionarios por su eventual intervención en los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado, atento a “la falta de rendición y/o el destino final que se le ha dado a la masa de dinero que tanto el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) como el Estado Nacional giró oportunamente a la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela (UNAJ) para la construcción de 17 laboratorios, de acuerdo a un convenio suscripto entre la mentada casa de estudios y el ente interregional”.