El fiscal federal Juan Pedro Zoni impulsó hoy la acción penal e imputó a los productores de Pensado Para Televisión (PPT), Fernando y Diego Gvirtz, al ex presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, y al ex directivo de la Televisión Pública, Martín Bonavetti,  para investigar si se desviaron fondos por 88 millones de pesos pagados por la ANSES para la emisión de publicidad en los programas 678 y 678 Recargado, entre 2010 y 2015, que deberían haber ingresado únicamente al canal estatal.

El fiscal federal presentó su dictamen ante el Juzgado Federal N°4. Allí reseñó que la causa se originó con una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), que sostuvo que de los contratos de producción celebrados entre  PPT y RTA surgía que “cualquiera de las partes podrá comercializar dentro de la artística de los programas ‘Seis en el Siete a las Ocho (678)’ y ‘Seis en el Siete a las Ocho- Recargado (678 Recargado)’  espacios de publicidad no tradicional (PNT)…” y “…que los ingresos netos de IVA generados por la comercialización de estos espacios de publicidad no tradicional, se distribuirían 50% para la productora y 50% restante para RTA, independientemente de quien haya concretado la venta”. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia una de las cláusulas preveía que “en ningún caso la productora podrá comercializar espacios de publicidad de ningún tipo para organismos oficiales”.

“Entienden los denunciantes que la publicidad oficial emitida en tanda o dentro de la artística del programa, debería haber sido exclusivamente para el canal y a pesar de ello, se dividió el pago efectuado por ANSES en porcentajes iguales con la productora PPT, o sea que este desvío fue lo que provocó un perjuicio para las arcas públicas”, explicó Zoni respecto de la denuncia. Esa maniobra habría sido realizada, según la OA, “por fuera del contrato, sin ninguna justificación y en detrimento del patrimonio de RTA”, por un monto que estimó en 88 millones de pesos entre marzo de 2010 y diciembre de 2015. La presentación consideró que “es algo que necesariamente debían conocer quiénes tenían la administración de los fondos de la TV Pública y quien fue el ilegítimo beneficiario de ese dinero”.

Por esos motivos, el titular de la Fiscalía Federal N°8 consideró que  debe impulsarse la acción penal “con el objeto de corroborar si existieron las conductas delictivas reseñadas”. En ese sentido, solicitó que la OA aporte “toda la documentación pertinente en relación a los hechos denunciados”.