30 de septiembre de 2022
30 de septiembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación conjunta de los fiscales Eduardo Taiano y Javier Arzubi Calvo
Pidieron la indagatoria del ex director y funcionarios del PAMI por negociaciones incompatibles con la función pública
Se investiga el perjuicio que se habría causado a la obra social nacional con la contratación directa por casi 140 millones de pesos de Red Hat S.A., una firma que brinda servicios informáticos. Los representantes del MPF consideraron que los imputados “no tuvieron otro objetivo que direccionar la elección de la empresa”.

Los titulares de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3 y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos cometidos en el ámbito del PAMI (UFIPAMI), Eduardo Taiano y Javier Arzubi Calvo, respectivamente, pidieron en forma conjunta la indagatoria del ex director ejecutivo de la obra social nacional, Luciano Di Cesare, y de otros ocho ex funcionarios por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por el perjuicio que se habría cometido con la contratación irregular de una empresa que brinda servicios informáticos.

La solicitud cursada al Juzgado Federal N°10 a cargo de Julián Ercolini se produjo en el marco de una causa que se inició en mayo del año pasado con una denuncia formulada por la propia UFIPAMI. En el proceso penal se investigan las maniobras que se habrían cometido en perjuicio del PAMI a través de la contratación de la empresa “Red Hat de Argentina S.A” por la suma de 138.433.649,51 pesos, para que brinde una plataforma para los servicios informáticos del instituto. El pedido alcanza a los funcionarios de PAMI que intervinieron en el expediente administrativo, a saber: Juan José Chomiak, por haber confeccionado el informe técnico que indicó la contratación de la empresa; José A. Ferrini, quien avaló ese informe y confeccionó los pliegos de bases y condiciones; Mariano Cardelli, funcionario que autorizó la solicitud de presupuesto para la contratación; Pablo Risso, Julián Frías y Alicia Vaena, integrantes de la comisión evaluadora que aconsejaron la elección de Red Hat -que fue reconformada en su totalidad luego de que  uno de sus integrantes originales entrara en licencia por paternidad-; Pedro Insausti y Roberto Guaresti, quienes desde el departamento de asuntos jurídicos no efectuaron objeción alguna al trámite en cuestión; y Luciano Di Cesare, quien como director ejecutivo nacional declaró admisible la oferta y autorizó la contratación.

La maniobra para la contratación

Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron en el pedido de indagatorias que en junio de 2015 el ingeniero Chomiak -por entonces titular de la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento del INSSJP- elaboró un informe en el que sugirió contratar a Red Hat “mediante trámite simplificado y por exclusividad en el servicio”. Dicho informe fue “avalado por las diferentes autoridades” y el procedimiento finalizó el 30 de septiembre de 2015, de manera que el trámite sólo duró tres meses y ocho días para un contrato por casi 140 millones de pesos.

La Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) coincidieron en que no había motivos para realizar un trámite simplificado -sin licitación pública- y que no existe exclusividad en el servicio contratado, ya que otras empresas del mercado lo pueden ofrecer. De hecho, en la última licitación celebrada por el PAMI -relativa a la contratación de los servicios informáticos en cuestión- “quedó claramente demostrado que otras dos empresas (‘Dinmax Consulting S.R.L’ y ‘BP4 S.A’) del sector podrían prestar este tipo de actividades y con un costo mucho menor”, aseveraron Taiano y Arzubi Calvo.

Otro argumento utilizado para explicar la contratación fue la existencia de un convenio marco entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación y la firma, que concedería descuentos y bonificaciones. Sin embargo, no existe allí “mención alguna a la obligatoriedad por parte del Instituto para contratar los servicios de la empresa ‘Red Hat Argentina S.A’”, que, por otra parte, se produjo en torno a un contrato con los precios del mercado. “En consecuencia, se echa por tierra el argumento que sostenía un supuesto descuento”, concluyeron los investigadores.

El pretexto de la exclusividad del servicio

“No caben dudas que los funcionarios del Instituto que intervinieron en el expediente traído a estudio, en todos sus pasos administrativos, no tuvieron otro objetivo que direccionar la elección de la empresa ‘Red Hat Argentina S.A’, interesándose en miras del beneficio de esta firma”, consideraron los fiscales.

En ese sentido, agregaron que “se utilizó el pretexto de la exclusividad en el servicio para posibilitar de esta manera un trámite simplificado, lográndose así una contratación directa sin mayores controles, tales como los que efectivamente surgirían de haberse realizado una licitación pública”. “Si la contratación de este servicio se hubiera realizado a través de una licitación pública, era necesario dar publicidad a los fines de que otras empresas del rubro presenten las correspondientes ofertas. Sin embargo, como observamos en el decurso del trámite administrativo en cuestión, podría sostenerse que el objetivo de los funcionarios que intervinieron no era precisamente el de otorgar difusión a la contratación aquí investigada”, finalizaron Taiano y Arzubi Calvo.