24 de junio de 2024
24 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegó el fiscal general Marcelo Agüero Vera
Pidieron penas de entre tres y doce años por el contrabando de 120 kilos de cocaína y por lavado de activos
El fiscal solicitó la condena de cuatro acusados por los delitos de contrabando de exportación de estupefacientes y lavado de activos. La droga estaba dentro de un contenedor estacionado en la Terminal Portuaria Río de la Plata.

El fiscal general Marcelo Agüero Vera pidió este lunes al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 que condene a penas de entre tres y doce años de prisión a tres acusados de haber intentando enviar a Europa 120,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un contendedor que se encontraba estacionado en la Terminal Portuaria Río de la Plata, mientras que requirió una pena de tres años de prisión en suspenso para otro imputado por lavado de activos. Además, el fiscal solicitó el decomiso de un inmueble de 18 hectáreas ubicado en cercanías del “Paraje Arroyo Molino”, cercano a la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y la imposición multas.

En rigor, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó para Gerardo Ruidíaz doce años de prisión por el delito de contrabando de exportación de estupefacientes y lavado de activos, mientras que para Ariel Alejandro Lértora y Florencio Carlos Bogarín requirió, respectivamente, diez años y siete años y seis meses de prisión, por contrabando. El fiscal además pidió para Fabián Montañana, acusado sólo por lavado, la pena de tres años de prisión en suspenso.

Respecto al delito de lavado de activos, Agüero Vera afirmó que Ruidíaz adquirió y administró una propiedad de 18 hectáreas en cercanías a Paraje Arroyo Molino, cercano a Concepción del Uruguay, la cual fue comprada con dinero otorgado por un grupo de nacionales colombianos vinculados a Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, quien se hacía llamar Carlos Brausin García. Ese dinero provenía de un ilícito vinculado al tráfico de estupefacientes. En este sentido, el fiscal confirmó que Fabio Montañana recibió ese campo y se constituyó como nexo entre los ciudadanos colombianos, con la finalidad de venderlo y así darle apariencia lícita.

En cuanto al contrabando de estupefacientes, Agüero Vera señaló que Gerardo Ruidíaz, Florencio Carlos Bogarín y Ariel Alejandro Lértora “desplegaron junto a otras personas prófugas y no identificadas, una maniobra con el fin de enviar 120,8 kilos de clorhidrato de cocaína hacia Europa, desde la Terminal Portuaria Río de La Plata S.A”. La droga estaba acondicionada en el interior de ciento veinte panes ubicados y distribuidos en seis bolsos que, a su vez, se encontraban dentro de un contenedor declarado como vacío, a bordo del buque identificado como B/M MSC CADIZ de bandera liberiana, listo para partir.

Los roles de los imputados en el contrabando

Sobre Gerardo Ruidíaz el fiscal afirmó que fue el responsable de adquirir la sustancia ilícita y coordinar el ingreso a la terminal portuaria.

En relación a Ariel Alejandro Lértora, en su condición de Jefe de Contenedores Vacíos de la terminal portuaria Río de La Plata S.A., refirió que fue el encargado de elegir el buque donde se ubicó la droga y la fecha en que se concretó dicha maniobra. Además, fue el responsable de coordinar los movimientos del contenedor escogido dentro de la terminal y también de que el estupefaciente llegue correctamente a destino.

Florencio Cargos Bogarín fue el encargado de recibir la sustancia estupefaciente y acondicionarla en el contenedor de color azul.

Al momento de solicitar las penas, el decomiso y la multa, Agüero Vera indicó que producto de uno de los allanamientos efectuados en un depósito ubicado en Loma Hermosa,Buenos Aires, a cargo del imputado Gerardo Ruidíaz, se detectaron precursores químicos los cuales según personal de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción (Sedronar) se utilizarían para la fabricación de material estupefaciente. En este sentido, el representante del Ministerio Público solicitó la extracción de testimonios dado que podría configurarse uno de los delitos previstos en la ley 23.737, a fin de remitirlas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal.

El origen de la causa

La causa se inició en mayo de 2012 por información que la Prefectura Naval Argentina elevó a la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En esa documentación, se puso de relieve que se había tomado conocimiento, a través de medios periodísticos, que un ciudadano colombiano -que luego fue asesinado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- había comprado un campo en la zona de la ciudad entrerriana y había sido observado en cercanías del puerto local, donde se estaba organizando una banda delictiva con el fin de transportar estupefacientes a Europa.

Durante la investigación, que estuvo a cargo del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff, se recolectó una gran cantidad de información que permitió detectar que los imputados estaban planeando una maniobra que iba a llevarse a cabo en junio de 2013, y que consistía en cargar las drogas en el Buque Motor de bandera liberiana, que llegaría a la Terminal Río de la Plata con destino Europa.

Con esa información, Prefectura Naval solicitó al juzgado que se requisaran los contenedores vacíos y cargados que estaba previsto embarcar en Terminales Río de La Plata S.A. (Terminales 1,2,3) a bordo del buque “MSC CADIZ”.

Gracias al procedimiento, se halló a bordo del B/M MSC CADIZ de bandera liberiana un contenedor identificado como “INKU 228268-8”, que si bien aparecía en la lista de contenedores de exportación “como vacío”, luego del escaneo que se realizó se pudo visualizar una serie de bultos sospechosos que contenían cocaína.