El fiscal Fabián Céliz y el auxiliar fiscal Germán Wechsler solicitaron penas que van de los cuatro a los ocho años de prisión para cuatro integrantes de la Policía Federal Argentina acusados de fraguar procedimientos contra personas inocentes. “Sus conductas resultan en un engaño a la justicia”, marcaron. El veredicto, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30, se conocerá el próximo 23 de diciembre.

La investigación se inició luego de un informe elaborado por la “Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados”, creada en el 2000 por la Procuración General de la Nación (Res. PGN 35/2000). Allí se indicaba que “en numerosos casos se habían detectado patrones comunes en el actuar policial que evidenciaban que algunos integrantes de [la Policía Federal Argentina], a través de maniobras fraudulentas, habrían iniciado causas penales en contra de personas presumiblemente inocentes de baja condición sociocultural”.

Las maniobras consistían en utilizar a una persona “como carnada” que le ofrecía un trabajo “informal” a otra. Una vez que la propuesta de trabajo era aceptada, la víctima era llevada a una estación de tren, un centro comercial o un lugar público, donde con cualquier excusa, era dejada sola junto con un bolso. En ese momento, los policías aparecían y con la excusa de realizar tareas de prevención, revisaban a la persona y al bolso, que generalmente contenía estupefacientes o armas. Según la comisión, “todos estos procedimientos habrían sido comunicados a la prensa televisiva en aras de obtener méritos para ascensos, elevación del número de estadísticas y de proyectar ante la sociedad una buena imagen de la institución”.

La hipótesis es que los procedimientos eran "comunicados a la prensa televisiva en aras de obtener méritos para ascensos, elevación del número de estadísticas y de proyectar ante la sociedad una buena imagen de la institución”.

La Fiscalía repasó la labor realizada por la Comisión y lo argumentado por el fiscal Pablo Ouviña, que realizó el primer juicio a los policías y que terminó en una absolución dictada por Tribunal Oral en lo Criminal N°16 por la aplicación del principio de “in dubio pro reo”, es decir, por duda. Luego, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por el MPF y confirmó la absolución. En noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia, lo que generó la realización de un nuevo juicio. En esta ocasión, el Tribunal Oral en lo Criminal N°23 declaró la prescripción de la acción penal y sobreseer a los imputados. Esto generó que la Corte interviniera nuevamente y considerara que la causa no estaba prescripta. En septiembre de este año, Casación ordenó la realización de este nuevo juicio.

La acusación
“Montaron todo el escenario para que los jueces impartan justicia a un inocente cabiendo la posibilidad de condenarlos”, marcaron Céliz y Wechsler y agregaron: “Todo su accionar fue una siembra de injusticia”. Consideraron que los policías generaron “un perjuicio a la seguridad jurídica del país” y un descreimiento en la policía y en el sistema judicial, además del daño concreto generado en las víctimas.

Para Héctor José Lusarreta pidieron ocho años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada reiterada en cinco hechos, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado por ser cometido en contra del imputado.

“Montaron todo el escenario para que los jueces impartan justicia a un inocente cabiendo la posibilidad de condenarlos”, marcó el MPF

A Hugo Daniel Rodríguez y a Carlos Francisco Giusepucci les solicitaron una condena de cuatro años y dos meses de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada reiterada en dos hechos”, “falsedad ideológica de instrumento público” y “falso testimonio agravado por ser cometido en contra del imputado”. En el caso de Ricardo Maldonado, pidieron una pena de cuatro años de prisión por los mismos delitos.

Para los cuatro policías requirieron una inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena para ocupar cargos públicos. Las defensas solicitaron la absolución y, de manera subsidiaria, penas de ejecución condicional. Los jueces Guillermo Friele, Marcela Rodríguez y Luis María Rizzi ya rechazaron al comienzo del juicio un pedido de prescripción y también la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.