El fiscal federal Federico Delgado solicitó hoy que el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, sea citado a brindar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investiga la compra de material ferroviario en malas condiciones y fuera de servicio, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En el escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal indicó que el rol del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios “tuvo igual o más injerencia en la firma de acuerdos y contrataciones” que la Secretaría de Transporte, por la que Ricardo Jaime fue detenido e indagado, y que por ese motivo “De Vido, como autoridad máxima del Ministerio de Planificación -y del que dependía la Secretaría de Transporte- no pudo haber desconocido esos pagos, ni las conductas que estaban llevando a cabo sus funcionarios”. “Por lo tanto, entendemos, tal como lo mencionamos al momento de requerir la instrucción y el impulso de la pesquisa, que ese eslabón debe ser incluido en la investigación”, sintetizó Delgado.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “De Vido tiene que ser citado también a prestar declaración indagatoria por su participación en los hechos”. En ese sentido, señaló que la intervención del ministerio se produjo “mediante la firma de convenios con empresas estatales” de España y Portugal “y contratos de compraventa específicos”. “En esta instancia, el ministerio acordaba o suscribía contratos con los demás Estados en los que se asignaba a la Secretaría de Transporte el carácter de organismo de aplicación. Ejemplo de ello, es el contrato de compraventa por la adquisición de 17 unidades Doble Diesel -que incluía un lote de repuestos y un curso de capacitación- que suscribieron el 23 de junio de 2004, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Empresa Pública Caminhos de Ferro Portugueses y el acuerdo firmado también entre el citado ministerio y el Ministerio de Fomento del Reino de España, el día 16 de julio de 2010, en el que acordaron la provisión de material Ferroviario operativo, Equipamiento y asistencia técnica para el período 2010/2014, y asignaron como partes en los futuros contratos a la Secretaría de Transporte y a las empresas españolas RENFE y FEVE en forma directa”, añadió.

“No olvidemos que la firma de esos convenios y acuerdos efectuados por el Ministerio de Planificación Federal por sí o a través de la Secretaría de Transporte generó gravísimos incumplimientos”, expresó el titular de la Fiscalía Federal N°6. A modo de ejemplo, enumeró  que: “el Estado no sabía qué era exactamente lo que estaba comprando”, ya que “los vagones y las triplas se encontraban en muy pobres condiciones, con roturas visibles y partes faltantes”; “la recepción de los materiales se realizó en los países vendedores y en algunas circunstancias ni siquiera estuvo presente el representante argentino. O sea, no había nadie para verificar qué era lo que se compraba”; “lo que pagó el Estado Nacional por las unidades llamadas ‘triplas diésel’ supera entre un 117% y 171% el valor ofertado por RENFE”; “el Estado pagó conceptos por ‘rehabilitación de unidades’ que no fueron llevados a cabo”; y que “el 44% del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio”, entre otras “irregularidades que detectó la Auditoría General de la Nación en su informe”.

La situación de Manuel Vázquez

Al corrérsele vista a la fiscalía sobre la excarcelación solicitada por Manuel Vázquez, el fiscal sopesó que “las características de maniobras pluralmente delictivas, los millonarios montos en juego, y las responsabilidades internacionales que asumió el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción, aconsejan denegar su excarcelación”. Esos acontecimientos, “sumados a los antecedentes penales que registra Manuel Vázquez, contemplan una expectativa de pena a partir de la cual es dable presumir que la capacidad económica del nombrado se puede transformar en un canal de fuga con capacidad, por lo tanto, para frustrar la aplicación de la ley penal sustantiva” opinó Delgado.

En relación al pedido de prisión domiciliaria formulado por el imputado, indicó que “si bien podrían encontrarse presentes los supuestos que habilitarían su concesión, esas circunstancias deben ser constatadas” por el juez “a través de los informes pertinentes, para luego sopesar su viabilidad, siempre teniendo en cuenta los riesgos procesales arriba detallados”. Como Vázquez alegó padecer diabetes, estenosis aórtica grave e infección gastrointestinal, la fiscalía estimó que el juzgado federal “deberá tomar los recaudos pertinentes”.