El fiscal general Diego Luciani solicitó esta semana al Tribunal Oral Federal N°6 que ordene la captura y revoque la autorización para residir en Estados Unidos de la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, quien está procesada por la presunta utilización de dinero de esa dependencia para solventar gastos personales y deberá afrontar un debate.

En su solicitud, el titular de la Fiscalía General N°1 explicó que de la comparación de las copias certificadas del pasaporte de la ex funcionaria -remitidas por el Consulado argentino en Miami- con las presentaciones hechas por su defensa se advierten “severas inconsistencias”, entre las que se cuentan cambios de destino no informados y fechas que no se corresponden con lo sellado en el documento. Así, Luciani señaló que Picolotti viajó a: Islandia, en lugar de a Francia, en febrero; a Kenia sin dar cuenta de ello, en mayo; en junio avisó que iría a Marruecos, pero luego comunicó que el evento había sido suspendido. Sin embargo, en su pasaporte se registró el ingreso y egreso de ese país; en julio indicó que iría una semana a Francia, pero el retorno se habría producido tres semanas después de lo anunciado, el 8 de agosto; finalmente se acredita una visita a Grecia e Italia, destinos que no fueron informados.

Luciani recordó que el Ministerio Público Fiscal se había opuesto a la autorización otorgada por el TOF N°6 para que la imputada resida en los Estados Unidos hasta el 10 de junio de este año -luego extendida hasta el 10 de diciembre-, con las condiciones de que se ponga en conocimiento de los magistrados “cada vez que requiera salir de su domicilio denunciado con destino a otro país”, y la “expresa constancia de que todo ello era ‘bajo apercibimiento de ordenar su captura y ser declarada rebelde’”. El fiscal general había advertido que Picolotti “ya en ese entonces había demostrado un absoluto desapego hacia las obligaciones procesales”.

En ese sentido, el fiscal consideró que “los temores expresados por esta representación fiscal” en los dictámenes “no resultaron infundados, sino, por el contrario, una profecía autocumplida”. Agregó además que lo constatado es demostrativo de “una total displicencia hacia el cumplimiento de las normas procesales y de las pautas expresamente establecidas por el Tribunal”. “La situación descripta se encuentra muy lejos del adecuado comportamiento que una persona procesada por un hecho de corrupción debe mantener, lo que evidencia un riesgo cierto de que no se encuentre a derecho en oportunidad de celebrarse la audiencia de debate oral”, completó.

“Bajo tales circunstancias, en aras de poder asegurar los fines del proceso penal, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal (art. 280, CPPN), voy a solicitar se haga efectivo el apercibimiento y se revoque la autorización para residir fuera del país oportunamente concedida a la Sra. Picolotti, lo que solicito que así se haga de manera inmediata”, solicitó el fiscal general Luciani.