La titular de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, Mariela Labozzetta, y el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE),  Santiago Marquevich, le solicitaron al responsable del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, Jorge Ernesto Rodríguez, la elevación a juicio de la investigación seguida contra una banda integrada por civiles y miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires por su participación en dos secuestros extorsivos -con cuatro jóvenes víctimas varones cada uno- ocurridos el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2020.

Los hechos

La investigación se inició a raíz de dos denuncias presentadas por familiares de las personas secuestradas, que recayeron en las Fiscalías Federales N°10 y N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero que, al verificarse que los sucesos ocurrieron en jurisdicción de Morón, se declinó competencia en favor de esta última.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2020. En ambas oportunidades, las víctimas habían acordado encontrarse con uno de los imputados -único civil integrante de la banda-, a fin de cometer un robo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar de encuentro, fueron interceptados por los oficiales de la policía, quienes los redujeron, los golpearon e insultaron, para luego trasladarlos al destacamento policial “José Ingenieros” de Ciudad Evita, desde donde los obligaron a comunicarse con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su liberación.

Las víctimas habían sido contactadas con la finalidad de cometer hechos delictivos. "Resultaba poco probable que un grupo de víctimas que se encontraban en un determinado lugar para cometer un delito fueran a denunciar el hecho del que fueron víctimas finalmente", reflexionó la fiscalía.

En el primer hecho las víctimas recuperaron la libertad luego de que sus familiares entregaran 300 mil pesos en las inmediaciones del Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita. En el segundo suceso, fueron liberadas sin que se llegara a pagar el rescate en el barrio porteño de Constitución, donde se había acordado la entrega.

También, en ambos casos, las ocho jóvenes víctimas fueron golpeadas y despojadas de algunas de sus pertenencias.

El requerimiento de la fiscalía

En su presentación, la fiscal Labozzetta y su colega Marquevich entendieron “que la maniobra delictiva fue llevada a cabo -casi en su totalidad- por efectivos policiales que se encontraban en ejercicio de sus funciones y cuyo deber consistía en velar por el cumplimiento de la ley y sin embargo, haciendo uso indebido del poder que detentaban, cometieron los hechos intentando -como ocurrió en el caso del secuestro de N., F., N. y L.- encubrirlos bajo el manto de un procedimiento legal en el ejercicio de las funciones que les son propias".

Agregaron que "estas circunstancias, unidas a la particular forma en la que las víctimas fueron contactadas con la promesa de pago por la realización de actos criminales, nos llevan a afirmar que estas personas pusieron en marcha todo un ardid cuyo objetivo era proceder al secuestro de las víctimas para cobrar rescate por su liberación, no previendo en ninguno de los casos que iba a ser investigado judicialmente ya que resultaba poco probable que un grupo de víctimas que se encontraban en un determinado lugar para cometer un delito fueran a denunciar el hecho del que fueron víctimas finalmente”.

También, señalaron que “el ardid utilizado en los primeros momentos de los contactos –en uno y otro caso– constituyeron el principio de ejecución de los secuestros extorsivos y, como claramente podrá advertirse, ambos hechos fueron ejecutados en forma coordinada sobre la base de un plan común previamente pergeñado, evidenciando una modalidad comisiva similar entre sí, en relación con la forma de interceptación que dio lugar a las privaciones de la libertad”.

"En ambos casos buscaron un grupo de víctimas al que pudieran ofrecerles un ‘trato’ vinculado a una actividad delictiva, y así se podía llegar a enmascarar los verdaderos fines propuestos con el labrado de actas, si no se podía alcanzar su cometido".

Añadieron que “otra característica común del modus operandi de los autores del hecho es la circunstancia que en ambos casos buscaron un grupo de víctimas al que pudieran ofrecerles un ‘trato’ vinculado a una actividad delictiva, y así se podía llegar a enmascarar los verdaderos fines propuestos con el labrado de actas, si no se podía alcanzar su cometido (tal como ocurrió en el segundo de los hechos)”. Por ello, el y la representante del MPF concluyeron que los imputados “tenían pleno conocimiento del accionar criminal y sus voluntades estuvieron encaminadas hacia el éxito del plan delictivo”.

Así, y en base a las pruebas colectadas durante la investigación, Labozzetta y Marquevich solicitaron que parte de los y las funcionarios y funcionarias integrantes del destacamento policial de José Ingenieros vayan a juicio como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas, y por ser miembros de una fuerza de seguridad; robo agravado por haberse cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, cometido en poblado y en banda y por ser sus autores miembros de una fuerza de seguridad; e incumplimiento de deberes de funcionario público. Por los mismos hechos -sin el agravante de integrante de una fuerza de seguridad- se requirió la elevación de la investigación respecto del autor civil.

También, en cuanto al segundo de los hechos algunos de los imputados e imputadas deberán responder en el debate por haber cometido falsedad ideológica de documento público en virtud de haber labrado un acta ideológicamente falsa, lo que ha generado el inicio de una investigación en sede provincial por resistencia a la autoridad.

Por último, la fiscalía solicitó la extracción de testimonios para ahondar en la investigación respecto a otros/as posibles partícipes del hecho investigado.