El fiscal general Marcelo Colombo solicitó hoy que Raúl Enrique Granillo Ocampo sea condenado a tres años y medio de prisión como autor del delito de enriquecimiento ilícito durante su paso como funcionario público en diversos cargos durante las presidencias de Carlos Menem. El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió en su alegato el decomiso actualizado de la suma por la que el imputado “se ha enriquecido ilegalmente”, que estimó en casi dos millones y medio de pesos/dólares.

Colombo también le pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 que condene a su socio en la constructora Río Manso S.A., el ex intendente de La Rioja Luis María de la Cruz Agost Carreño, a quien consideró partícipe necesario del delito. Por otro lado, el titular de la Fiscalía General N°8 postuló la absolución de la esposa de Granillo Ocampo, Nélida Barros Reyes; de la esposa de Agost Carreño, Adriana Gómez; y del contador Oscar Arzovino, quienes habían llegado como acusados al debate.

El representante del Ministerio Público Fiscal enumeró una serie de maniobras por las que el ex secretario de Legal y Técnica, embajador ante los Estados Unidos y ministro de Justicia de la Nación habría incrementado ilegalmente su patrimonio durante su paso por la función pública. En ese sentido, describió operaciones societarias que involucraron a Río Manso y Bodegas y Viñedos Anguinam S.A. que consideró, en realidad, simuladas, por cuanto habrían servido para formalizar el ingreso de dinero producto de venta de acciones que en realidad no eran tales. “Toda la construcción y el andamiaje para sostener esos contratos  demuestran que conocía lo que estaba realizando, que estaba ingresando dinero a su acervo patrimonial que no podía justificar con sus ingresos”, valoró el fiscal general.

Las maniobras investigadas

Por un lado, la Fiscalía advirtió que la presunta venta del 50% de las acciones a Agost Carreño que Barros Reyes poseía en Río Manso “no existió” y se utilizó para justificar el incremento del patrimonio del funcionario en casi 600 mil pesos/dólares. Para ello, se utilizó en 1995 un contrato que no precisaba la cantidad de títulos accionarios, el valor de las acciones ni la clase. Colombo hizo hincapié en que con la presentación de gran cantidad de documentación en sede penal, los imputados “pensaron que los hechos no serían examinados”. En cuanto a Agost Carreño, reseñó que “tenía el manejo operativo de la empresa” y lo identificó como “la pieza clave para la simulación de la cesión de acciones, operación de la que tenía conocimiento”.

En ese sentido, añadió que en 2002 -ya con otra administración al frente del Poder Ejecutivo Nacional- la simulación continuó con una demanda de Granillo Ocampo a Agost Carreño, quien al contestarla señaló que Barros Reyes nunca le cedió el 50% de las acciones y que seguía actuando en la sociedad, de lo que se desprendía que Granillo Ocampo “nunca salió de la sociedad”.  El presunto conflicto se solucionó con la entrega de dos departamentos por parte del demandado, que ni siquiera reclamó  las acciones que hipotéticamente había adquirido. Al respecto, el fiscal citó un fallo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que “dejó al descubierto las irregularidades del contrato”.

Por otro lado, Colombo describió como “segundo núcleo de imputación” el ingreso por la supuesta venta de acciones de la empresa  Bodegas y Viñedos Anguinam S.A. a Silvia Eurnekian, acto que también consideró simulado. En cuanto a ello, consideró que hubo una “diferencia desproporcionada entre el valor de la compra del 50% de las acciones en 500 mil pesos/dólares [por parte de Granillo Ocampo] y el valor de venta unos pocos meses después” a Eurnekian, “pactado en un millón de pesos/dólares más el aporte periódico por otros 700 mil”, en especial cuando la sociedad tenía un patrimonio estimado en apenas 200 mil. El fiscal general evaluó el rol de esa mujer como “interpuesta”, porque no declaró la operación, era la primera de esa índole que realizaba y “no se pudo acreditar que tuviera capacidad para hacer semejante aporte”. Además, luego “vendió” su parte en tan sólo 300 mil dólares “a una sociedad uruguaya  de la que ni siquiera recodaba su nombre”.

De acuerdo a esa hipótesis, la maniobra le permitió a Granillo Ocampo poseer “una bodega enorme, que antes no tenía”, “escondiendo al verdadero dador de ese dinero”.

Paralelismos
Colombo identificó una serie de “paralelismos” entre ambas maniobras: la falta de respaldo material de la documentación; que involucrasen sumas millonarias; y que los “contratantes” resultaron ser, ficticiamente, los perdedores: Agost Carreño con la entrega de los departamentos y Eurnekian con el desembolso de “nada más que 1,7 millones”. El enriquecimiento total, de acuerdo a la estimación de la Fiscalía, fue de casi 2 millones y medio de pesos/dólares.

“Toda la construcción y el andamiaje para sostener esos contratos demuestran que conocía lo que estaba realizando, que estaba ingresando dinero a su acervo patrimonial que no podía justificar”, consideró el representante del MPF sobre las conductas atribuidas al ex ministro. Además de los tres años y medio de prisión solicitó su inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública y el decomiso “de la suma por la que Granillo Ocampo se ha enriquecido ilegalmente”, que deberá ser actualizada.

El debate oral y público continuará el martes que viene, jornada en la que desarrollarán sus alegatos las defensas de los imputados sobre los que la Fiscalía formuló acusación.