La Dirección de Gestión Operativa de Casos (DIGOC) se encuentra trabajando sobre los ejes que implica la investigación de distintos delitos. En diciembre de 2014 organizó una mesa de trabajo y el 9 de febrero, como consecuencia de los temas tratados, su directora, la fiscal Cristina Caamaño, remitió un oficio a su colega Félix Crous, a cargo de la Oficina de Enlace Legislativo, para informarle la petición realizada por una empresa telefónica sobre el robo de cables de cobre: la firma propone que se impulse un proyecto de ley similar a una norma vigente en la provincia de Buenos Aires que permitió acotar el fenómeno en esa jurisdicción.

Es que en aquél encuentro de trabajo se informó que el delito no sólo alcanza a operadoras telefónicas, sino también a compañías eléctricas, empresas ferrocarriles y municipalidades a lo largo y ancho del país. La DIGOC constató que las causas penales que tramitan por estos hechos ilícitos quedan dispersas en distintos juzgados federales o provinciales -según las califiquen como obstrucción de comunicaciones o hurto/robo, respectivamente- y tratadas como casos aislados, impidiendo entender la magnitud del delito. Así, las investigaciones quedarían acotadas al eslabón primario de la cadena y se diluirían cuando se llega a las grandes fundiciones o exportadores de chatarra, donde se sospecha que el metal robado sería insertado nuevamente en el circuito legal.

Por último, se señaló allí que en el 2006 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 13.564, que establece el registro y control de comercios y procesadores de metales no ferrosos, y se designó al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación. Esta Ley, conforme se expresó, contribuyó a contener el robo de cables y cobre en general en el ámbito de la provincia. Ante ello, solicitaron a la DIGOC la posibilidad de que desde el Ministerio Público Fiscal se impulse la elaboración de una propuesta legislativa que replique la ley a nivel nacional. Por ello, la Dirección a cargo de Caamaño remitió a la Oficina de Enlace Legislativo un oficio para poner en su conocimiento la problemática señalada y posterior encauce de la misma.

Por otra parte, como resultado de algunos puntos surgidos en la mesa de trabajo, la DIGOC también se reunió con el subdirector a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, Gustavo Miguel Schargorodsky, con el fin de conocer los nuevos diseños que tendrán las patentes de camiones emitidas por el Mercosur. En ese encuentro se tomó conocimiento del diseño de las chapas patentes y las explicaciones respectivas.

Esa medida, señalaron desde la DIGOC, tiene dos objetivos claros con miras a atacar esta modalidad delictiva:

1. Facilitar a las fuerzas de seguridad la visualización a mayor distancia de la chapa patente, incluso en movimiento, y así identificar rápidamente la unidad sustraída.
2. Dificultar la sustitución de chapas patentes y las acciones tendientes a modificar, simular y disimular su composición alfa numérica.

La DIGOC mantiene contacto con Schargorodsky, quien quedó pendiente de las propuestas y líneas de trabajo que el MPF le pueda proponer.